LA estabilidad social y política de los países iberoamericanos es, por razones evidentes, una cuestión de máximo interés para los españoles. ABC ha informado sobre un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo adscrito a Naciones Unidas, según el cual el número de emigrantes en la región alcanza ya los veinticinco millones de personas, frente a los once millones contabilizados a principios de la década anterior. Las razones de fondo son tan sencillas de diagnosticar como difíciles de resolver: inseguridad, desempleo crónico y fracaso de los sistemas económicos y financieros conducen al deterioro radical de las clases medias. El caso de Argentina resulta particularmente significativo. No sólo porque ha pasado de ser un faro de atracción para gentes del mundo entero (incluidos muchos miles de españoles) a producir una emigración masiva de ciudadanos que huyen de una crisis endémica, sino también por su incapacidad para asumir a los trabajadores que llegaron de los países vecinos en tiempos de bonanza. En un clima social marcado por la corrupción y la economía sumergida, saltan a la luz datos lamentables sobre la explotación inhumana de bolivianos (llamados despectivamente «bolitas»), sobre todo en el sector textil, en la construcción y en el servicio doméstico. A su vez, los movimientos migratorios desde los países centroamericanos y del Caribe crecen sin cesar, dando lugar a que la frontera entre México y Estados Unidos se considere la más transitada del mundo: doscientos millones de personas la cruzan cada año, además de los ilegales cuya situación no ha podido ser regularizada por discrepancias políticas en el Senado de Washington. El drama humano se reproduce día tras día en una zona marcada por la violencia, las olas de calor e incluso el resentimiento histórico. Los hispanos son ya – con diferencia – la principal minoría étnica en el país más rico del mundo y los demógrafos calculan que, para 2050, representarán casi un 25 por ciento de la población. Su presencia en la vida pública se ha hecho patente hace poco a través de manifestaciones multitudinarias.

No existen soluciones fáciles para problemas de tanta complejidad. No basta con reclamar desde los países ricos una política expeditiva de orden público, ni, a la inversa, con exigir una regularización permanente de los ilegales y el acceso a derechos sociales que desequilibran sin remedio cualquier previsión presupuestaria. Hay que luchar con firmeza contra las mafias explotadoras, tanto en los países de origen como en los de destino, y contra los empleadores sin escrúpulos. Debe exigirse a los gobiernos implicados una intensa colaboración en favor de las personas de buena fe, que se ganan la vida con su esfuerzo y contribuyen decisivamente al desarrollo del país en el que trabajan y también del suyo propio, mediante fuertes remesas de divisas. El desafío principal es, por supuesto, promover el desarrollo socioeconómico, desplazando al populismo y reforzando los sistemas democráticos y el imperio de la ley.