Llevan medio año residiendo en la ciudad, bajo el amparo del programa de protección internacional de Cruz Roja. Un tiempo en el que los cuatro miembros de una familia armenia, dos niños y dos adultos, han trabajado el aprendizaje del idioma y la capacitación profesional en distintos ámbitos, además de tramitar toda la documentación necesaria para regularizar su situación en la ciudad (empadronamiento, escolarización, obtención de tarjeta sanitaria…). Acabada esa etapa, con tiempos marcados, toca dar el salto a una segunda fase, la de la integración, en la que el primer paso a dar es el de ‘independizarse’ en un piso de alquiler.

Deberían mudarse en apenas diez días, pero no encuentran casa. El problema: la falta de una nómina y de avales; aunque sí «van a pagar el alquiler», aseguró la responsable del programa Sandra Pérez, consciente de que están en «la cuenta atrás. Tenemos fecha límite el 15». Entiende los recelos de los propietarios a la hora de alquilar su vivienda a cualquier persona que no conocen, pero a favor de los refugiados debería jugar «el seguimiento continuo» que la Asamblea Local presta a la familia. Su día a día es analizado por la entidad en esta etapa de su integración, por lo que hay una comprobación «del buen uso de las instalaciones. Nadie más ofrece eso, nosotros lo hacemos porque se sigue haciendo la misma labor que en la primera fase sobre su integración en nuestro piso. Se realizan visitas domiciliarias, talleres, clases… Todo es igual, salvo que viven en otra casa».

Se trata de que entiendan cómo funciona la sociedad española y cuáles son sus derechos y deberes, que conozcan dónde y cómo se contratan los suministros, cuánto cuestan, qué hay que hacer para alquilar una vivienda… Todas esas cosas se aprenden andando, como nosotros», explicó.

Es un modelo de trabajo que está funcionando muy bien, con resultados muy positivos. En estos momentos tienen ya a cuatro familias (dos de Georgia, una de Ucrania y otra de El Salvador) dentro de esa segunda fase y tres de ellas ya son autónomas económicamente. Tienen trabajo y pueden hacer frente a todos sus gastos, aunque siguen contando con el respaldo de la Asamblea Local en el resto de los ámbitos, incluido el asesoramiento jurídico –ya que todas se encuentran inmersas en un proceso de solicitud de protección internacional–, el apoyo psicológico o la ayuda para resolver trámites del día a día como puede ser sacar el carné de la piscina o de la biblioteca.

Queda pendiente el acceso al mercado laboral de una de ellas, que acaba de entrar en esa segunda fase a la que pasará en unos días la familia armenia para la que buscan ahora un piso en alquiler.

Las parejas que están viniendo son, en su mayoría, gente con bastante cualificación y formación en su país, el problema llega con la homologación. En muchos casos porque salieron sin la documentación que lo certifique y ahora no la pueden reclamar a las autoridades de las que huyeron. Así que «les toca reinventarse». Y, de momento, lo han hecho realizando cursos con certificación profesional en pastelería, restauración y bar, almacén… «Han participado en los que se han estado haciendo en Miranda», con el objetivo de poder acceder a un trabajo lo antes posible. A los niños lo que les toca es estudiar y «estamos muy contentos con sus notas. Además, los colegios nos ayudan mucho».

Esta segunda etapa de integración dura entre 6 y 12 meses y da paso a una tercera, en la que Cruz Roja mantiene su apoyo, aunque el seguimiento ya no sea tan exhaustivo. Y es que, para entonces, llevarían casi dos años en España, teniendo en cuenta que la recepción en Miranda no se realiza en el minuto cero. Suelen llegar a ciudades con puerto o aeropuerto donde se hace la recepción, aquí el programa arranca con la acogida temporal de familias. «Estamos teniendo muy buena experiencia», zanjó.