Asociaciones de derechos humanos y oenegés han pedido al Gobierno que se oponga a la creación de centros de internamiento para los migrantes y refugiados porque supondría “el vaciamiento del derecho de asilo y el rechazo absoluto a hacer de la Unión Europea un espacio de acogida”.

En un comunicado, las ONG consideran que la posible creación de estos campos, que abordará el Consejo Europeo mañana y pasado, son “una vuelta de tuerca más en las políticas de externalización”, ya que los centros podrían implantarse en países del norte de África con “una baja calidad democrática y baja protección a las personas migrantes”.

Las organizaciones advierten de que, como sucede ahora en Turquía, los procesos de demanda de asilo y las expulsiones de migrantes y refugiados, se efectuarían sin ningún control y con procedimientos jurídicos de protección alejados de los estándares europeos.

La creación de estos centros son un “gesto mediático para tranquilizar a una opinión pública europea que exige soluciones”, a pesar de que las experiencias análogas en Italia o Turquía no han supuesto la mejora en el acceso a los derechos fundamentales de estas personas, agregan.

Consideran también que supondrían un nuevo impedimento para que migrantes y refugiados puedan alcanzar un mínimo estatus de protección, por lo que también demandan al Ejecutivo que aborden la mejora de la acogida, que garanticen el salvamento de las personas que mueren a diario en el Mediterráneo y que creen vías legales y seguras de acceso de la Unión Europea.

Entre las organizaciones firmantes de la petición se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-APDHA, Elin, Iridia, Inmigrapenal, Servicio Jesuita a Migrantes, Coordinadora de Barrios y la Federación SOS Racismo.

Por su parte, Oxfam Intermón ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ser “coherente con su discurso” y rechazar la creación de centros cerrados en terceros países porque la experiencia de los mismos en otros países como Grecia “ha sido muy negativa”.

La organización ha mostrado su preocupación por el hecho de que el jefe del Ejecutivo “haya vuelto a apostar por una gestión de la migración” a través de terceros estados y por la utilización de la ayuda oficial al desarrollo como mecanismo para frenarla en países de origen y tránsito.

“Esta no es la solución”, ha zanjado el director general de la ONG, José María Vera, para quien la ayuda oficial al desarrollo debe servir solo “a su objetivo de luchar contra la pobreza y la desigualdad”, mientras que el fenómeno migratorio debe abordarse bajo la visión de que “el desplazamiento de personas es un bien público que puede beneficiar a los estados donde llegan”.

Frente a ello, Intermon insta a Sánchez a defender en la UE la creación de vías legales y seguras, que pasa por aumentar los compromisos de España en reasentamiento y reubicación, que se cree la figura de visado humanitario y que se facilite la reagrupación familiar, entre otras cuestiones.