Once horas de debate y sólo una novedad principal: El apoyo de Izquierda Unidad a la propuesta del PSOE de reconocer la realidad nacional de Andalucía en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía. Esta fórmula, que los socialistas extrajeron de una propuesta del ex ministro de UCD Manuel Clavero, se había instalado en el ojo del huracán de la reforma. El partido del presidente de la Junta, Manuel Chaves, se había quedado solo a la hora de defender una propuesta que se ideó, precisamente, para acercar posturas entre la posición de PA e IU, – que sentenciaban que Andalucía es una nación – y la del PP, reticente a cualquier cambio en ese sentido que no fuera nacionalidad histórica.

Los socialistas han logrado obtener ‘in extremis’ el apoyo de la coalición de izquierdas para esta propuesta. IU justifica su nueva postura parcial – no renuncia a la cuestión de nación – , ante lo que califica de «racismo político» contra Andalucía y una injerencia en las resoluciones que adopten los representantes políticos legítimos de los andaluces y andaluzas. «No queremos que el PSOE dé ni un solo paso atrás en lo que ya se ha avanzado, por eso apoyamos el preámbulo del PSOE, manteniendo dos párrafos del nuestro», indicó Concha Caballero, portavoz de IU.

Manuel Gracia, presidente de la Comisión y portavoz del PSOE, comenzó su intervención respondiendo al PP, que les echó en cara que «realidad nacional» no tiene encaje en la Constitución. «Ni nacionalidad histórica, que ustedes apoyan», acotó Gracia, quien recordó que el PP ha incluido en el Estatuto valenciano una referencia al Reino de Valencia.

28 de febrero

Gracia puso en valor lo que los andaluces ganaron con el referéndum del 28 de febrero: El orgullo de poder elegir su autogobierno. Esto lo califica como una clara diferenciación con el resto de autonomías que no tuvieron que pasar por ese examen. Hacer que se respete lo conquistado en 1980 es lo que ha llevado al PSOE a definir a Andalucía como nacionalidad histórica y, para equiparse con Cataluña, a reconocer la realidad nacional en el preámbulo.

Este fue, sin duda, el tema estrella de la Comisión de Desarrollo Estatutario que comenzó a las diez de la mañana de ayer, y que concluyó pasadas las once de la noche. La votación reafirmó las posiciones ya expresadas por los distintos grupos esta misma semana. El dictamen de la ponencia recibió los votos a favor de PSOE e IU – once – y el rechazo de PP y PA – nueve – .

Congreso

El pleno extraordinario que el Parlamento celebrará el 2 de mayo se convertirá en la última prueba institucional que la norma básica autonómica deberá aprobar en Andalucía. El Estatuto pasará entonces al Congreso y sólo regresará al sur para que los andaluces lo ratifiquen en referéndum.

La única posibilidad de que varíe la composición de los ejes que componen, por un lado, las dos formaciones de izquierdas y, por otro, los populares y nacionalistas – su ‘no’ está motivado por razones distintas a las del PP – será la reunión que mantendrán, presumiblemente la próxima semana, el presidente de la Junta de Andalucía y máximo responsable del PSOE andaluz, Manuel Chaves y el presidente del PP – A, Javier Arenas.

Ambos líderes se han intercambiado sus respectivas propuestas que, al menos en principio, muestran a las claras puntos de vista muy dispares con respecto a los asuntos más polémicos, incluyendo la cuestión del reconocimiento de la «realidad histórica».

Artículo por artículo

La Comisión de Desarrollo Estatutario de ayer abordó el análisis de artículo por artículo del dictamen: Más de 240. Este guión se siguió a petición del PP y PA, que consumieron entre dos y cinco minutos en sus intervenciones. PSOE e IU optaron por agrupar sus intervenciones por grupos.

La coalición de izquierdas logró arrancar acuerdos de última hora, en relación al apartado del Poder Judicial, aunque mantuvo buena parte de sus enmiendas para defenderlas en el Parlamento.

Los cambios más sustanciales en relación a lo conocido hasta ahora – fruto del año y medio de trabajos de ponencia – afectan al poder judicial, los derechos sociales o medio ambiente.

Así, pese a las reticencias iniciales del PSOE, se aumentará el número de parlamentarios. Se establece un número mínimo de 109, frente a los 110 de máximo que marcaba de máximo el Estatuto actual.

En política de inmigración también se da un paso adelante importante: La competencia ejecutiva en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía, en coordinación con la competencia estatal en materia de entrada y residencia.

La discusión sobre la posibilidad de que los andaluces pudieran elegir la forma de enfrentarse a su propia muerte se ha zanjado con la siguiente redacción: «Se garantiza a todas las personas el derecho a vivir dignamente el proceso de su muerte». También se incluye una alusión a la necesidad de rubricar el Estatuto con un referéndum.