BUENOS AIRES. – El Gobierno argentino se dispone a legalizar al menos a 750.000 ciudadanos extranjeros, de origen latinoamericano, que residen ilegalmente en el país. Los ciudadanos de países del Mercosur y de los estados asociados (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) serán los beneficiarios de una medida que se aplica con urgencia y no sin problemas, poco después de que un incendio en un taller clandestino acabara con la vida de seis bolivianos, cuatro de ellos niños.
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El accidente escandalizó a la opinión pública, en un país donde el trabajo en negro afecta al 45% de la población y en el que los inmigrantes procedentes de países vecinos son una fuente inagotable de mano de obra barata y libre de impuestos.
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El plan, denominado Patria Grande, que tiene como finalidad blanquear la situación de los extranjeros ilegales, se sustenta sobre el programa nacional de normalización documentaria migratoria, puesto en marcha con anterioridad, aunque sin tantos medios como ahora.
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Los trabajos se ven obstaculizados porque muchos extranjeros ni siquiera tienen papeles de su país de origen. Los consulados registran estos días largas colas de personas en busca de información y documentos básicos para acreditar su origen y poder identificarse correctamente, antes de solicitar la residencia en Argentina.
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Acreditar una residencia legal es muy importante para estas personas, que de otra manera son víctimas fáciles de las tramas que buscan trabajadores a los que pagar menos. De igual modo, tampoco pueden acceder a créditos bancarios, planes sociales o viviendas dignas.
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La dirección general de Migraciones, que aplica este programa, ha procurado facilitar los trámites al máximo. Bastan dos fotografías, más el original y una fotocopia del pasaporte o incluso la cédula de identidad para obtener un certificado de residencia precaria.
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En una segunda etapa, cuando se completa la entrega de toda la documentación, los inmigrantes recibirán un visado de residencia temporal, con validez por dos años. Los trámites son gratuitos, algo poco habitual en Argentina, y no es necesario recurrir a gestores, que cobran por sus servicios cifras considerables para la precaria economía doméstica de miles de estos inmigrantes.
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Formada históricamente con ciudadanos procedentes de la emigración europea, principalmente italianos y españoles, la sociedad argentina es permeable a las corrientes migratorias, que ahora se originan especialmente en los países vecinos de Latinoamérica.
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El plan Patria Grande detalla los fundamentos de una política que considera que un indocumentado “provoca inevitablemente una baja salarial”, alterando el desarrollo transparente de la economía, puesto que “sus actividades no generan tributo alguno a la sociedad y sólo generan riqueza para la economía informal”. Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, la actividad de los trabajadores ilegales genera alrededor de 700 millones de dólares al año sólo en la capital federal y el gran Buenos Aires.
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