Se sabe que están, pero no quiénes son. Invisibles en la estadistica, sobreviven fuera de la ley. Se calcula que en torno a un 10% de la población extranjera, unas 6.000 personas en Gipuzkoa, vive en la clandestinidad. Pero no hay certezas. Son inmigrantes sin papeles, personas en situación administrativa irregular que han llegado en busca de una vida mejor, una meta en forma de preciada documentación, que no todos lograrán. Entre ellos, también hay personas a las que se les denegó la solicitud de asilo para ser acogido como refugiado y que, sin esa protección jurídica, pasan a ser considerados inmigrantes irregulares.

Ahora que todo el mundo mira al barco ‘Aquarius’ también hay que proyectarse en el día después: cuántos de ellos tendrán derecho a pedir protección internacional por huir de países en conflicto y cuántos acabarán con un expediente de expulsión. Alrededor del 68% de solicitudes de asilo son rechazadas en España. En 2014, fueron 2.219 personas que pasaron de ser demandantes de asilo y refugio a personas en situación irregular, «y por lo tanto perseguibles policialmente con el fin de materializar la salida voluntaria o forzada del territorio», recoge el investigador de la UPV/EHU Iker Barbero, en un análisis que aborda «la fragilidad de la noción de demandante de asilo y refugio» y las «múltiples fronteras internas que recorren la vida de un demandante de asilo».
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En caso de no recibir ese visto bueno y de no regular su situación administrativa, pasarán a ese ‘submundo’ de la inmigración ilegal. El miedo a ser detenidos, internados en un centro para extranjeros los polémicos CIE o expulsados a su país de origen paraliza sus movimientos. Por primera vez, un estudio ha analizado en Euskadi cuántas personas son detenidas por incumplir la Ley de Extranjería, cuántas solicitudes de internamiento en los CIE y su destino final la expulsión o la libertad de nuevo en una situación irregular. Gipuzkoa destaca bajo la lupa.

«Efecto frontera» en Irun
No hay valla como en Ceuta y Melilla, ni el imaginario social refleja ese punto en el mapa cuando se habla de la lucha contra la inmigración irregular. Pero el «efecto frontera» trasluce en la estadística, concluye la investigación IUSFUNDIE: «Derechos fundamentales y formas contemporáneas de detención, internamiento y expulsión de personas extranjeras en situación irregular» (Proyecto Universidad Sociedad) realizada por Barbero junto con Nieves Arrese y Cristina Blanco, profesoras también de la UPV/EHU. En 2015, el año de estudio, 1.913 personas fueron detenidas en Euskadi por infringir la Ley de Extranjería. 527 arrestos se produjeron en Bizkaia, 313 en Araba y 1.073 en Gipuzkoa. En 2016, la cifra aumenta a 2.307, 1.334 de ellos en Gipuzkoa.

Con dos comisarías de Policía, en Donostia e Irun, es la localidad fronteriza la que de lejos acumula un mayor número de detenciones, con 694. «Esto nos abre a una realidad que no conocíamos. Es una frontera muy activa, en una Europa supuestamente sin fronteras», refleja Barbero, profesor de Derecho de la UPV. Los investigadores han querido arrojar luz sobre una realidad opaca:el internamiento de forma preventiva de extranjeros en los polémicos CIE, permitidos por la ley desde 1985 como lugar de «custodia» de estas personas para garantizar su expulsión. El informe analiza por primera vez 211 expedientes de ingreso dictados en el País Vasco, con datos aportados por los juzgados y por las comisarías de Policía, dependientes del Ministerio de Interior. «La percepción social puede hacer pensar que es una realidad que no existe. En Euskadi no hay un CIE físico, pero sí se interna hay CIE», hace ver Nieves Arrese profesora de Derecho. Las personas con orden de internamiento son trasladadas a los centros de Aluche (Madrid) y, los menos, al de Zona Franca en Barcelona.

«Los CIE no cumplen su objetivo, pero trasladan un mensaje social de que hay control sobre inmigración»
CRISTINA BLANCO PROF. DE SOCIOLOGÍA

«Irun es una frontera muy activa en una Europa supuestamente sin fronteras»
IKER BARBERO PROF. DE DERECHO

«En Euskadi no hay un CIE físico, pero sí hay un CIE, le corresponde el de Madrid o el Barcelona»
NIEVES ARRESE PROF. DE DERECHO

En el informe se ofrecen detalles de qué ocurre tras un ingreso en el CIE. La primera sorpresa salta con el perfil de los detenidos con orden de internamiento. La mayoría son hombres y de nacionalidad marroquí (35%), seguida de la argelina (16%) y la boliviana (4,7%). Las personas magrebíes están «muy sobrerrepresentadas». Los números también revelan que los CIE «no cumplen con su objetivo», que en teoría es la expulsión del sin papeles. Seis de cada diez fueron expulsados a sus países, pero el resto quedó en libertad, de nuevo en situación irregular, con una orden de expulsión. Arrese lo denomina una situación «irregular legalmente». Son varias las razones que explican esta contradicción legal. Los investigadores explican que por un lado no siempre es posible determinar de qué país proceden, porque carecen de documentación. También pesa el coste de la repatriación. Hay nacionalidades más ‘fáciles’ para ser devueltas, como pueden ser las personas de origen magrebí, frente a aquellas para las que hay fletar un vuelo de larga distancia, ponen como ejemplo. Blanco, que es profesora de Sociología, subraya esa disfunción y se muestra crítica, como sus dos colegas, con el funcionamiento de los CIE: «Puede cumplir una función social, porque se muestra que está habiendo un control sobre la inmigración irregular, pero no cumplen con su objetivo explícito, que es la expulsión». Los tres rechazan la actual Ley de Extranjería, reparan en que las garantías judiciales «son limitadas», y piden reformas por una mejor defensa jurídica.