EP

CEUTA. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se exima a la ciudad autónoma de Ceuta y a la ONG Mensajeros de la Paz del pago de las indemnizaciones de 111.000 euros que la Audiencia Provincial de Zamora había condenado a pagar a ambas partes a la familia de la educadora asesinada en esta ciudad por un inmigrante tutelado por dicho gobierno y bajo la guarda de la ONG.

Mensajeros de la Paz y la ciudad autónoma de Ceuta habían sido declarados responsables civiles subsidiarios al reconocer la Audiencia que el asesino no tenía capacidad para hacer frente a la condena, que incluyó una pena de 45 años de prisión.

En sus razonamientos, la Fiscalía recuerda que la ONG es «una asociación sin ánimo de lucro», por lo que obligarle a abonar parte de la pena supondría forzarle a desviar «sin fundamento legal suficiente» fondos destinados a «otros fines sociales». Sobre la ciudad, el fiscal argumenta que el Gobierno ceutí no sólo no era titular del centro de trabajo donde ocurrió el asesinato, sino que su responsabilidad en la tutela del menor «no tiene como fin la evitación de hechos como el presente».