De nuevo, una crisis interna y de nuevo, por el mismo motivo. Desde que el equipo del alcalde de Barcelona, Joan Clos, decidiera aprobar la ordenaza sobre civismo, el Gobierno municipal no termina de encontrar su camino. Al menos, el mismo.

Las diferencias entre PSC, Esquerra e Iniciativa quedaron ayer otra vez en evidencia. Mientras la concejal de Mujer y Derechos Civiles, Pilar Vallugera (ERC), presentaba el plan sobre prostitución que el Ayuntamiento pretende aprobar en el próximo pleno, sus socios de Iniciativa per Catalunya – Verds criticaban la medida.

La diputada de ICV Dolors Clavell señaló ayer en rueda de prensa que la ordenanza de civismo del Ayuntamiento fue aprobada desde la «óptica de persecución» de la prostitución, y que «no se corrige» con ayudas como las planteadas por el Consistorio para que las prostitutas abandonen la calle.

Las actuaciones sociales propuestas por el equipo de Gobierno municipal en favor de las trabajadoras sexuales son «siempre bienvenidas», añadió Clavell, que, sin embargo subrayó que éstas «no quitan que la ordenanza de civismo contiene un pecado original».

Este pecado original radica en que la normativa fue aprobada desde una «óptica de persecución de la prostitución en la calle», una perspectiva que ha calificado de «errónea».

Para Iniciativa, el trabajo de las administraciones en este ámbito debe huir de una perspectiva moralista y paternalista, y reconocer la legitimidad de todo el mundo para decidir qué tipo de trabajo quiere realizar y reclamar que éste se haga en condiciones de dignidad, libertad y seguridad.

Las críticas de los ecosocialistas fueron obviadas ayer por sus socios. Tanto es así que en la presentación del plan sobre prostitución, su impulsora, Pilar Vallugera, aseguró contar con el apoyo de todos sus socios, incluido ICV. «Sería una sorpresa que dijeran que no al proyecto», aseveró la republicana. La creación de este plan está liagada a la ordenanza, norma contra la que votó Iniciativa.El texto contó con el apoyo de PSC y ERC, además de CiU, y con la abstención de PP.

El plan, que es pionero en España, espera poder ofrecer un el tratamiento integral del trabajo sexual. Esta iniciativa prevé, entre otras medidas, ayudas económicas a aquellas prostitutas que deseen dejar la actividad, la creación de una casa de acogida y de una agencia de abordaje del trabajo sexual.

La concejal Pilar Vallugera explicó ayer que en la elaboración del plan se ha tenido en cuenta dos factores importantes, el género, «la mayor parte de los trabajadores sexuales son mujeres y sus clientes, hombres», y la procedencia, ya que la mayoría de las prostitutas que trabajan en la calle son de origen extra comunitario, y en muchos casos en situación ilegal.

La concejal recordó que el 85% de las prostituas son inmigrantes, la mayoría en situación ilegal, lo que supone un impedimento para la aplicación de muchas de las medidas que el Ayuntamiento prevé. Porque, según la ley, las inmigantes ilegales no pueden recibir una pensión por inscribirse a un plan de rehabilitación ni ingresar en una casa de acogida. De este modo, Vallugera reconoció que muchas de las medidas sólo podrán ir destinadas al 15% de las prostitutas.

Para poder aplicar el nuevo plan, el Ayuntamiento debe contar con información sobre el número de prostitutas que ejercen en la ciudad. En breve, apuntó Vallugera, la guardia Urbana entregará un informe sobre este asunto.