Una de las primeras cuestiones que previsiblemente abordará la ministra de Sanidad, Carmen Montón, será la reforma sanitaria aprobada hace seis años por el Gobierno del PP a la que el PSOE siempre ha mostrado su rechazo e intención de derogar de manera inmediata.

En abril de 2012, con Ana Mato como titular de Sanidad, el Ejecutivo llevó a cabo una reforma, recogida en un real decreto, que supuso la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y el establecimiento de nuevos copagos farmacéuticos con el fin de garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública durante la crisis económica.

Desde el primer día, la reforma contó el rechazo unánime de toda la oposición, de los profesionales sanitarios y de los pacientes, así como de las ONG que asisten a las personas en situación irregular, que denunciaron el desamparo en el que quedaban estas personas, que sí podían ser atendidas en los servicios de urgencias.

Ante esta situación, gobiernos autonómicos aprobaron iniciativas para aumentar la protección de este colectivo, que fueron recurridas por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional y que éste revocó al considerar que los ‘sin papeles’ no tienen derecho a la tarjeta sanitaria.

El PSOE siempre ha manifestado su intención de derogar el real decreto de manera inmediata y garantizar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, tal y como incluyó en sus programas electorales.

La financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) será otro de los asuntos pendientes de Montón, de hecho, su antecesora, Dolors Montserrat, tenía previsto reunirse con los consejeros del ramo para acordar un informe sobre suficiencia financiera en sanidad que debería ser elevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En este sentido, el objetivo expresado por el PSOE en varias ocasiones es que la inversión en Sanidad alcance el 7 % del PIB y apostar por la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios, similar al sistema andaluz.

El PSOE llevaba también en su último programa electoral la despenalización y regulación de la eutanasia. Este pasado mes de mayo presentó en el Congreso una proposición de ley para crear una “prestación de ayuda para morir” que se incluya en la cartera de servicios comunes del SNS.

La falta de médicos, sobre todo en las zonas rurales y en especialidades como la pediatría, medicina familiar o psiquiatría, es otra de las cuestiones pendientes de solucionar, así como la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, que les ha llevado a movilizarse en varias ocasiones.

Un problema que Montserrat trató con los consejeros pero que no le ha dado tiempo a culminar, al igual que la futura ley del alcohol, que en principio recogerá las recomendaciones elaboradas por el Congreso y el Senado durante la ponencia creada para este fin.

El informe de la ponencia, que se centra en la prevención del consumo en los menores, en acabar con los botellones y las “horas felices”, propone establecer una tasa cero de alcohol en conductores menores de edad que lleven ciclomotores y motos.

Al documento, el PSOE presentó un voto particular en el que incidía en la necesidad de dotar a la ley de una financiación suficiente para poner en marcha todas las medidas.