Nueva York – Un llanto se escucha en medio de la manifestación neoyorquina
de los inmigrantes ilegales. La que llora es Emily. Tiene 8 meses y ido a
la protesta con sus padres, Edgar, de 28, y Rosa, de 25. Él la aprieta
contra su pecho mientras mira de reojo al dispositivo policial que
controla la marcha. Un grupo de mexicanos, por si acaso, advierte a los
agentes: «¡Somos estadounidenses, eh!». Los policías asienten y sonríen.
Los datos oficiales revelan que en Nueva York conviven a diario más de 180
nacionalidades diferentes y se escuchan más de 200 lenguas distintas. Los
manifestantes llevan camisetas blancas, como símbolo de que su protesta es
pacífica, en una mano la bandera de sus respectivos países, que siempre
llevan en sus corazones, y en la otra, la de Estados Unidos, donde se
quieren quedar en busca de un futuro mejor.
   Una señora tropieza. Y
un agente le ayuda a levantarse. Edgar reconoce que tiene «un poco de
miedo» (por los policías). «Pero, tengo que hacerlo. Por ellas», explica
mientras mira a su esposa, que conduce el carrito de Emily, a la que él
lleva en brazos. Intenta hablar poco. Rosa prefiere callar. Aun así, están
contentos porque «mi hija es estadounidense. Nosotros nacimos en Ecuador»,
concluye. Es la situación de más de 3,1 millones de niños en este país,
según datos del Pew Hispanic Center. Los pequeños tienen la nacionalidad
estadounidense, pero sus padres son «ilegales». Pero Edgar está contento.
Tiene esperanza. Hace 5 años cruzó la frontera con Rosa. «Mi esposa y yo
vinimos por el río (de forma clandestina). Pagamos (a un «coyote») 30.000
dólares para venir aquí, 15.000 cada uno, pero ya sólo nos queda la
mitad», explica. No alcanza a aclarar a qué se dedica. «Yo me levanto muy
pronto y espero en un camino. Viene un camión, nos recoge. Un día trabajo
en la construcción, otro limpio, otro en los caminos. Lo que me toca. Mi
mujer, en una fábrica de vitaminas», explica.
   Detrás, José
ondea la bandera de México. Tiene un año y cuatro meses. Él nació en EE UU
y su madre Marisela, de 23, en el país vecino. José sonríe. Va a hombros
de un compañero de clase de «computación» de su madre. Detrás se escuchan
las quejas de un hombre de unos 50 años. «Lo que teníamos que hacer todos
los latinos era juntarnos. Ya verían los gringos el poder de los
hispanos». De momento, se ha llamado a un boicot nacional el 1 de mayo. No
comprar, no vender, no trabajar y no ir a la escuela. Quieren saber cómo
se las arreglará EE UU sin inmigrantes. Es su única manera de plantarle
cara al Congreso.
   Las protestas empezaron en marzo en respuesta a la
ley HR 4437, aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre. Dicha
norma, como parte de un amplio debate sobre inmigración, criminalizaría
permanecer y trabajar en EE UU de forma ilegal y prestar ayuda y ofrecer
empleo a un indocumentado. La norma aún se debate en el Senado.
   Las protestas no sólo intentan frenar la medida, sino que también
buscan la legalización para los más de 12 millones de inmigrantes que
viven y trabajan de forma irregular. De los cuales 7,2 millones ocupan
puestos de trabajo en EE UU, el 5 por ciento de la clase trabajadora. El
24% de estos trabajadores se emplea en la agricultura; el 17, en la
limpieza; el 14, en la construcción y el 12, en la hostelería. En las
últimas semanas, empresarios y grupos hispanos han presionado al Congreso
para que suavice la ley. En su lucha les respalda la Iglesia Católica.
Incluso, el Cardenal Mahoney de Los Ángeles ha pedido a los fieles que
desobedezcan las leyes contra los inmigrantes.