LUZ DERQUI

VALENCIA. Un total de 40 inmigrantes aterrizaron ayer en Alicante, al tiempo que otros 20 lo hacían en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Se trata de un nuevo traslado organizado por el Gobierno para repartir a los inmigrantes ilegales que llegan a las islas Canarias y que se ven obligados a acoger, ya que proceden de países con los que no existen convenios de extradición.

Esta llegada es una de las más numerosas desde que empezaron estos vuelos, con los que se pretende aliviar la grave y casi insostenible situación que se vive actualmente en las islas con la arribada masiva a sus costas de subsaharianos y la necesidad de repartirlos en el resto de Comunidades. Así, este traslado se suma al registrado hace unas semanas con la llegada a tierras valencianas de otros cincuenta inmigrantes en situación irregular, de los que siete lo hicieron a Castellón y el resto a Valencia.

«Efecto llamada»

Son cerca de 300 los extranjeros ilegales que han sido trasladados a la Comunidad en lo que va de año. La cifra prácticamente duplica la registrada a lo largo de todo 2005. Estos datos parecen confirmar la denuncia realizada desde distintas instancias institucionales y sociales sobre el «efecto llamada» que está teniendo la política de inmigración practicada por el Gobierno.

Las ONG se hacen cargo de estos inmigrantes nada más tomar tierra el avión procedente de Canarias, en virtud de un convenio ministerial, aunque es la Generalitat la que, al igual que se hace con cualquier extranjero irregular, se encarga de ofrecerles asistencia médica, así como ayudas para su integración.

La Comunidad Valenciana se ha convertido en una de las autonomías que más extranjeros en situación irregular acoge del Plan de Traslados puesto en marcha por el Gobierno ante la llegada masiva de ilegales a las costas canarias. Se trata de inmigrantes que aunque son ilegales no pueden ser repatriados, por lo que permanecen en una situación anómala, pero a quienes se les ofrece todos los recursos disponibles para paliar la situación de desamparo en la que llegan. Algunos de ellos solo permanecen un breve tiempo en la Comunidad, ya que desde aquí se desplazan bien a otras regiones donde tienen conocidos o familia y pueden tener más facilidades para encontrar trabajo, o bien se dirigen a otros países, utilizando a España como puerta de entrada al resto de Europa.

Poca información

Una de las principales quejas por parte del Gobierno autonómico es el desconocimiento que se tiene de estos traslados, ya que prácticamente la Delegación del Gobierno les informa en «tiempo real» de la llegada de inmigrantes vía fax. Además, aunque en reiteradas ocasiones se ha solicitado información al respecto, se desconoce el reparto de estos subsaharianos en el resto de autonomías.

Asimismo, desde la Conselleria se ha denunciado en reiteradas ocasiones que el Ejecutivo ofrece el doble de ayudas a las regiones gobernadas por el PSOE que a las del PP. Así, según los datos de la Generalitat, las comunidades socialistas reciben del Ministerio unos 60 euros por inmigrante para hacer frente a los gastos que ocasiona su mantenimiento y atención, mientras que las populares sólo obtienen unos treinta euros.