Mujer marroquí analfabeta que no habla español, procedente del mundo rural, alejada cientos de kilómetros de su familia o pareja durante meses. Es el perfil de las 15.000 temporeras llegadas esta primavera desde el país vecino hasta Huelva para la recogida de la fresa. Agachadas siete horas cada mañana para un trabajo durísimo a cambio de solo 40 euros al día. Sin red social ni sombra de integración en pleno campo, un entorno hostil.

Las denuncias por agresiones, abusos y acosos sexuales a braceras inmigrantes se repiten cada cierto tiempo en esta provincia andaluza. Si este diario reveló crudos testimonios de las víctimas en 2010, hace un mes las revistas Correctiv y Buzzfeed dieron voz a 28 mujeres que denunciaban abusos y violaciones a manos de sus capataces, una de ellas presentada ante los tribunales. Al trascender dicho reportaje, otras cuatro jornaleras vencieron su vergüenza, dieron el paso y denunciaron a su patrón por abusos sexuales. La policía le detuvo y está en libertad con cargos. Las ONG alertan de que brotarán más casos de la pequeña cascada.

¿Será distinto esta vez? ¿Se romperá el silencio, la tendencia a minimizarlos y se frenarán los abusos con medidas eficaces? La resaca del movimiento global feminista y la huelga del 8 de marzo apuntan a que esta vez los empresarios freseros, los sindicatos y las Administraciones se tomarán en serio este problema que mancha el éxito económico de un sector que en 2017 facturó 454 millones para exportar el denominado oro rojo —fresas, arándonos, frambuesas y moras— a los supermercados de Alemania, Francia y Reino Unido.

Una temporera marroquí transporta fresas.ampliar foto

Una temporera marroquí transporta fresas. P. P.
“Queremos medidas concretas y las queremos ya. Estas mujeres necesitan un espacio, un teléfono al que acudir, necesitan estar custodiadas y sentirse seguras”, censura Laura Limón, portavoz del colectivo feminista Mujeres24H. “La ministra [en funciones] Fátima Báñez ha dicho que las mujeres tienen que denunciar. Qué fácil es decir esto para una abogada con recursos económicos y magníficos contactos. ¿Conoce la ministra a alguna de estas mujeres rurales, extremadamente sencillas, que solo saben árabe y procedentes de una cultura con menos garantías de igualdad aún que España?”, añade.

MANIFESTACIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL
La mecha prendió el pasado viernes en una manifestación espontánea de un centenar de temporeras marroquíes para exigir el sueldo a sus patrones y que protestaban por una supuesta explotación laboral en la finca de la empresa Doñana 1998, a las afueras de Almonte. Frente a una patrulla de la Guardia Civil, las mujeres mostraron su rabia, tal y como reflejan las imágenes del vídeo. “No bien, no bien”, gritaban.

La bracera de iniciales H. H. interpuso una denuncia ante el instituto armado por los abusos sufridos en dicha finca y por los que tuvo que ser trasladada al hospital tras ser derivada desde un centro de salud. “Cuando el dueño va a la finca nos habla mal, nos insulta y trata mal a todas las mujeres. Sé que hay un vídeo donde se ven estas situaciones, pero no sé qué compañera lo tiene”, refleja el atestado policial. “No se respetan las condiciones del contrato firmado en origen y además nos hacen pagar a todos los trabajadores 60 euros al mes por alojamiento, luz y agua”, manifiesta la bracera marroquí.

En la denuncia, la abogada Belén Luján, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), señala que unas 50 trabajadoras marroquíes les explicaron que habían trabajado durante meses y no habían “recibido ningún dinero por ello (…) No tienen comida, no se cumplen las condiciones de trabajo”. Tras la visita a las instalaciones, Luján subrayaba que en cada contenedor, ocho jornaleras viven “con una pequeña ventana, sin aseos y colchones en el suelo, sin salubridad ni habitabilidad. Es semiesclavitud porque no han cobrado”.

En paralelo, nueve braceras abandonaron esta finca el pasado domingo y al día siguiente acudieron a la Inspección de Trabajo para denunciar a su patrón por acoso sexual y amenazas para mantener relaciones con él. Las inmigrantes estuvieron acompañadas por el diputado de Podemos Diego Cañamero.

Manuel Matos, propietario de Doñana 1998, niega la mayor: “Es todo falso. Aquí están y algunas se están yendo algunas estos días y otras se irán más tarde. Se les paga puntualmente, es una infamia”, defiende.

En un sector que emplea a 70.000 personas en Huelva, algunas inmigrantes deben firmar un anexo denominado “código de conducta”, que especifica: “Es obligatorio el uso de camiseta de manga larga o corta y pantalón largo, no se permite el uso de camiseta de tiranta”. Ello en invernaderos donde se alcanzan altas temperaturas. El convenio laboral de esta provincia, ahora en plena negociación, es el más bajo de Andalucía junto con Almería, y establece 40 euros al día por una jornada laboral de 39 horas semanales.

Las mujeres forman parte del contingente que desde hace dos décadas llega cada temporada para recoger la cosecha, 302.500 toneladas de fresa en 2017. Antaño desde Polonia o Rumanía, en los últimos años proceden del país vecino. La cifra sin embargo se ha disparado en 2018 hasta las 15.000 mujeres desde las 4.000 que llegaron el año anterior.

La reacción inicial del sector hace un mes fue tildar de casos aislados las denuncias de abusos sexuales, cargar contra las periodistas de la revista alemana y amenazar con demandarles por el daño reputacional hacia las exportaciones en Europa. Con los días, el brío para silenciar y minimizar las denuncias se ha sustituido por la prudencia y la “tolerancia cero” con los abusos. Ahora la mayor organización del sector, Interfresa, se personará como acusación en el último caso destapado de abusos, que la fiscalía ha denunciado en el juzgado. “No considero que el matiz social se haya descuidado, si fuera todo tan catastrófico no habría gente que lleva 15 años repitiendo”, opina Pedro Marín, gerente de Interfresa.

A la vergüenza, el miedo y el desconocimiento del castellano, las víctimas suman la dependencia económica de su jefe abusador y la lejanía —física y mental— de una comisaría o comandancia para que una mujer oriunda de las zonas rurales marroquíes se atreva a denunciar. En 2014 la Audiencia de Huelva condenó a un capataz por acoso sexual a tres jornaleras marroquíes. “Si quieres trabajar, te tienes que acostar conmigo”, refleja la sentencia, que condena a otros dos manijeros por un delito contra la integridad moral de 25 trabajadoras.

Como medidas urgentes para aumentar la seguridad de estas 16.000 mujeres dispersas entre un mar de invernaderos, Mujeres24H reclama un teléfono de contacto permanente con traductoras, revisar las condiciones de los contratos en origen y la participación de las ONG en las mesas y foros oficiales, además de la mediación con las trabajadoras, entre otras medidas.

“Algo va a cambiar. Es violencia de género en el ámbito laboral hacia mujeres vulnerables que no conocen sus derechos. Hay dos mediadores interculturales [designados por la patronal] para 80.000 trabajadores, insuficiente de todas todas”, critica Pastora Cordero, secretaria de Igualdad en la Federación de Industria de CC OO, que sin embargo es optimista sobre el cambio de tendencia.

Varias temporeras, en Palos de la Frontera (Huelva).ampliar foto

Varias temporeras, en Palos de la Frontera (Huelva). P. P.
El delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, admite que “el toro nos ha cogido con 15 días” ante la falta de asistencia social de estas 15.000 inmigrantes. “El ministerio solicitó el contingente sin más seguimiento y las ONG tampoco han vigilado. El año que viene se perfilarán ayudas desde Igualdad y Justicia para atajar este problema que se ha hecho visible”, avanza. La Subdelegación del Gobierno, encargada del acuerdo con Marruecos para la llegada del contingente de mujeres, ha declinado opinar al respecto.

Manuel Vicente Sánchez, del Grupo Motor de Redes Interculturales, plantea: “Hace 20 años que el Gobierno, patronal y sindicatos traen el contingente de mujeres extranjeras. ¿Y solo llaman a las ONG ahora que surgen los problemas?”.

Al otro lado del Estrecho, el portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa El Jalfi, ha anunciado la apertura de una investigación sobre posibles abusos sexuales en España. Una comisión parlamentaria se desplazará a Huelva, informa Francisco Perejil.

La geógrafa franco-marroquí Chadia Arab, miembro del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de París, publicó en febrero en Marruecos un libro titulado Damas de la fresa, dedos de hada basado en sus entrevistas con decenas de trabajadoras marroquíes entre 2009 y 2012. ¿Son los abusos sexuales un caso aislado o generalizado? “Aunque el fenómeno no sea generalizado, no hay que minimizarlo. Es preciso saber tratar estos casos de agresión con el fin de aclarar lo que pasa. Sobre todo, porque el acoso sexual toma diversas formas y puede que no sea confesado por las mujeres”.

El cónsul de Marruecos en Sevilla, Farid Aulouhaj, asegura que no ha recibido denuncias por abusos sexuales, solo para mejoras en las condiciones laborales, y precisa que ha trasladado las quejas al Gobierno y la Junta para que las mujeres puedan trabajar “con dignidad”, pero dice que desconoce si su Ejecutivo forzará estas mejoras en el próximo acuerdo para 2019.