Los ‘pichis’, como popularmente se conoce a la familia Manzanares Cortés, estuvieron ayer de mudanza. No se fueron muy lejos. Del Cmas, el albergue municipal donde residían desde mayo del año pasado, a un piso ubicado «en un barrio cercano». Se supone que ya han disfrutado de su primera noche en ese nuevo hogar, donde el Gabinete Urtaran les ha realojado como medida temporal dados los problemas para que accedan al piso que el Gobierno vasco les adjudicó en Asteguieta.

Se trata, según ha sabido en exclusiva de EL CORREO, de una vivienda de titularidad municipal usada como recurso transitorio para familias en exclusión. Representa, en todo caso, una solución temporal hasta que reparen el domicilio de Asteguieta que les concedió Alokabide, la sociedad dependiente del Gobierno vasco encargada de los alquileres sociales. Este piso fue asaltado en diciembre por desconocidos, pero los operarios de este organismo aún no han podido entrar a arreglar los destrozos. El Ejecutivo de Lakua acusó formalmente a los vecinos, que cada sábado se manifiestan con tractores por Vitoria contra el realojo del clan en su barrio y han llevado a cabo incluso rondas nocturnas para impedir que los Manzanares puedan acceder a la vivienda que les fue adjudicada. Por los destrozos hay una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria.

En esta nueva casa, su quinto destino desde que los Manzanares – Cortés aterrizaron de ‘okupas’ en Abetxuko en agosto de 2016, un equipo de educadores evaluará su día a día. Tanto su comportamiento dentro de la propiedad como con los vecinos del bloque y de la zona. Las valoraciones emitidas serán determinantes. Implicarán prórrogas en caso de buen comportamiento o la pérdida del derecho de uso si hay problemas. Todo indica que pasarán un periodo largo en esta ubicación por la rotunda negativa de los habitantes de Asteguieta a darles una oportunidad y debido al rechazo de Alokabide a probar con otra ubicación. Todas las reuniones entre los vecinos y representantes institucionales han evidenciado el fracaso mediador del Ayuntamiento para esta crisis. En algunas incluso estuvieron presentes el teniente de alcalde, el socialista Peio López de Munain, y el alcalde, Gorka Urtaran.

El último traslado, desarrollado en el mediodía de ayer con la orden de discreción total por parte del equipo de gobierno, responde a que tampoco podía alargar mucho más su estancia en el Cmas, instalación que no está preparada para estas contingencias. Además ya habían saltado chispas con algunos usuarios.

Presuntamente golpearon y amenazaron a otro usuario, un chico subsahariano que les denunció. Señaló al hijo de los Manzanares – Cortes, menor en aquella época, por pegarle y a los padres por amedrentarle. Al poco de este incidente, el denunciante fue trasladado a otro recurso municipal. No es el único roce que han tenido con la justicia. Han recibido al menos tres condenas menores en los últimos meses. La Ertzaintza les retuvo varias horas en comisaría en febrero por no pagar una multa por estos fallos.