La Policía ha desarticulado una organización compuesta por ciudadanos rusos y españoles que se dedicaba a traer a mujeres de Moscú para obligarlas a prostituirse en locales de Andalucía, Aragón y Canarias. En la operación, la Policía ha detenido a más de un centenar de personas, la mayoría, 75, las propias mujeres, acusadas de infringir la ley de Extranjería, y el resto, los integrantes de la banda.
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La investigación comenzó en mayo del 2005 al denunciar una de ellas en la comisaría de Almería que estaba siendo víctima de amenazas y coacciones por parte de los miembros de una organización criminal. Las indagaciones practicadas en colaboración con las autoridades rusas permitieron a los agentes especializados en el tráfico de seres humanos localizar al presunto cabecilla de la banda, Viktor S., de 39 años, originario de Blogonda (Rusia) y apodado Andrei, Yuri y también Yan. Tiene permiso de residencia en España y vive en Almería.
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Las mujeres eran captadas a través de anuncios en la prensa rusa en los que les prometían salarios de 6.000 euros mensuales. Cuando las mujeres accedían al viaje, la organización obtenía los billetes y tramitaba el visado para el territorio Schengen a través del consulado de Francia en Moscú.
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Después viajaban hasta Alemania en autobús y desde allí a Almería en avión con escala en Palma de Mallorca. En la ciudad andaluza era donde tomaban contacto físico con la organización que las trasladaba a un club de Granada en el que empezaban a prestar sus servicios como prostitutas. Desde allí eran conducidas algún tiempo después a una casa de Córdoba, donde ejercían el mismo trabajo bajo la estrecha supervisión de una mujer española de 65 años.
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Aunque la deuda inicial que las mujeres contraían con la organización era de 1.200 euros, las encargadas de algunos de los locales les imponían multas que hacían subir el importe. Sanciones por comportamientos tales como quejas de los clientes o no respetar el horario de comidas. Entre los servicios que ofrecían destaca uno denominado “Champán grande” que consistía en someterse a cualquier clase de favores sexuales a razón de 90 euros a la hora.
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Las sucesivas indagaciones sobre la actividad de los principales implicados en esta red clandestina de tráfico de mujeres derivó conforme avanzaba la investigación hacia lugares como Córdoba, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza. Algunas de las mujeres eran enviadas a establecimientos de esas localidades donde debían seguir las estrictas normas de control y continuar pagando la deuda contraída para obtener la documentación y el viaje a España.
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La intercepción policial de una de esas mujeres en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos fue una de las claves del caso, ya que ésta accedió a declarar contra la organización como testigo protegido, destapando paso a paso el modus operandi de la banda y la identidad de sus responsables.
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