El 53% de los hogares atendidos por Cáritas de Barcelona en 2017 no cuentan con una vivienda digna, una situación ante la que la entidad ha pedido a las fuerzas políticas
municipales que durante 10 años construyan entre 1.500 y 2.000 viviendas públicas anuales.

Según la memoria de 2017 que ha presentado hoy la entidad, Cáritas atendió el año pasado 12.165 hogares, un total de 22.635 personas, que representa un 1 % más que en 2016, aunque lo que más alarma a la entidad es que el número de personas y hogares atendidos se ha multiplicado por 2,3 desde el inicio de la crisis (9.692 personas en 2007 y 22.635 en 2017).

En rueda de prensa, la responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Barcelona, Míriam Feu, ha destacado que todas las personas atendidas por la entidad tienen una “problemática común”, como es el acceso a una vivienda digna.

Feu ha señalado que del total de 12.165 hogares atendidos, el 53 % no cuentan con una vivienda digna, un concepto que incluye a las familias sin hogar (743), las que están acogidas con familiares o amigos (877), en entidades sociales (1.055), las que viven de realquiler (3.061), las que ocupan casas y pisos (365) y otras que viven de alquiler pero sin contrato (aproximadamente 90).

”El año pasado la cifra era del 46 %; es un problema que nos preocupa mucho porque han aumentado en un 36 % de las familias sin hogar, pasando de las 546 personas en 2016 a 743 en 2017”, ha apuntado Feu, que ha avanzado que, según los datos de enero a abril de 2018, ha aumentado un 25 % el número de personas sin techo.

Ante esta situación, el director de Cáritas de Barcelona, Salvador Busquets, ha urgido al ayuntamiento, a la Generalitat y al Gobierno central a “incrementar el parque de vivienda social”.

”Pedimos que las fuerzas políticas blinden, sea cual sea la situación económica y los partidos que gobiernan, un acuerdo para que cada año durante un mínimo de 10 se construyan entre 1.500 y 2.000 viviendas destinadas a personas vulnerables”, ha reclamado.

Busquets ha destacado que el “hecho diferencial de la pobreza en Barcelona es la falta de vivienda social” y ha subrayado que “con menos del 2 % de vivienda pública se hace muy difícil dar respuesta a la situación de las familias vulnerables”.

Aun así, Cáritas ha alertado de que el contexto más preocupante es que “se ha instalado la precariedad como forma de vida” – ha dicho Busquets – porque “tener trabajo no garantiza condiciones dignas, el sistema educativo no reduce las diferencias y las políticas de protección no son suficientes”.

Según Busquets, los datos que demuestran esta constatación es que el 12 % de los trabajadores catalanes son pobres, que la pobreza se multiplica por 2 en aquellas personas cuyos padres no completaron ninguna etapa educativa, que España dedica el 1,3 % del PIB en protección de la infancia frente al 2,2 % de la media europea o que la cobertura para parados ha pasado del 71 % en 2007 al 56 % en 2018.

De hecho, la precariedad laboral es otra de las problemáticas comunes que encuentra Cáritas ya que, según ha detallado Feu, el 77 % de las personas en edad laboral atendidas están en paro y el 17 % tiene un trabajo precario, es decir, “cuentan dentro del sistema laboral, pero son trabajos de mala calidad y de muy pocas horas”.

En el perfil de personas atendidas destaca que en el 44 % de hogares hay menores y que el 17 % son familias monoparentales, además de que un 59 % son personas de origen extranjero.

En este sentido, Feu ha advertido de que durante los primeros cuatro meses de 2018 ha habido un incremento del 43 % de las personas procedentes de países en conflicto, principalmente de Honduras, que son, a su juicio, un colectivo muy vulnerable que se enfrenta a una “carrera de obstáculos”.

Busquets ha denunciado que algunos ayuntamientos, que no ha querido revelar, “empadronan a inmigrantes para que puedan tener el servicio que reclaman, pero después automáticamente se les da de baja”.

El director de Cáritas de Barcelona ha puesto deberes a la administración y ha reclamado un Sueldo Mínimo Interprofesional de 1.000 euros, una implementación adecuada de la Renta Garantizada de Ciudadanía, desvincular el trabajo de la residencia legal para inmigrantes , incrementar el parque público de vivienda y regular el precio de los alquileres.

El cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha pedido “pensar que detrás del número de personas atendidas hay un rostros y una historia”, y ha destacado que si faltan recursos en el mundo es “porque falta solidaridad y justicia entre nosotros”.