Decenas de mujeres migrantes y miembros de entidades sociales que trabajan en la defensa de sus derechos relatan en un estudio las dificultades de acceso al empleo digno, la vivienda, la participación política o la exclusión sanitaria, así como situaciones de racismo social y violencia de género a las que están expuestas.
El informe “Mujeres migrantes como sujetos políticos en el País Valencià: Creando Estrategias Frente a las Violencias”, que recoge estos testimonios, será presentado este miércoles por la ONG Alianza por la Solidaridad en el marco del Encuentro de Defensoras de Derechos: Participación de Mujeres Migrantes y del Sur Global, que acoge el Colegio Mayor Rector Peset de València.

El diagnóstico recoge los testimonios de mujeres migrantes de diversos orígenes, así como propuestas de acción para las Administraciones y entidades sociales, y destaca sus estrategias de resistencia frente a las violencias racistas y patriarcales estructurales y cotidianas, según ha informado esta organización.
La investigación, realizada junto al estudio de sociología La Dula y financiada por la Dirección General de Cooperación, muestra el caso de una mujer de origen argelino con 13 años de residencia en València que ha recibido insultos por la calle desde que decidió ponerse el velo islámico.

“Con el pañuelo me miraban mal, me gritaban, me decían insultos y yo lloraba. Me llamaban mora. En una tienda me dijeron que qué tenía en el pecho, que si estaba escondiendo algo, pensaban que había robado. Todo esto delante de mis hijos”, según relata.

En el ámbito laboral, se incluyen testimonios que denuncian situaciones de explotación y abusos, especialmente en el sector del trabajo del hogar y los cuidados, y, en concreto, en el de las internas, como una chica a la que no dejaban calentarse su comida porque decían en la casa en la que trabajaba que malgastaba el gas y que era muy caro.

Las mujeres denuncian también abusos sexuales, falta de contrato, jornadas de hasta 12 horas, sueldos muy por debajo del salario mínimo, y la falta de respeto a las horas de descanso por parte de las empleadoras, lo que implica que no pueden acudir a las citas médicas, participar en asociaciones o tener tiempo de ocio.

Las participantes en la investigación instan a romper con el imaginario racista y machista que se tiene en la sociedad respecto a las mujeres migrantes, y denuncian que es la Ley de Extranjería la que les expone a la vulneración de derechos y violencias, puesto que la situación administrativa irregular supone “situaciones continuas de indefensión y exclusión” y constituye “un mecanismo de racismo institucional”.

Esto las lleva a una situación de angustia continua, a ellas y a sus familias, por el miedo a ser paradas por la policía para pedirles la documentación, ser recluidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o ser deportadas a su país de origen.

Entre las propuestas de acción autonómicas realizadas por las mismas participantes en el proceso, están vigilar y monitorear la atención sanitaria para garantizar la sanidad universal, sensibilizar y formar al personal administrativo y el funcionariado sobre la realidad de las mujeres migrantes.

También la de impulsar el tejido asociativo migrante o poner en marcha un programa de incidencia dirigido al Ministerio del interior para lograr el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en València.