El Ayuntamiento de Barcelona se ha personado como acusación popular en el procedimiento judicial abierto contra las personas, presuntamente de ideología ultra, que atacaron el oratorio islámico situado en la calle de Japó, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, que dispone de todos los permisos correspondientes para desarrollar la actividad religiosa.

Así lo han anunciado hoy el teniente alcaldía del área de Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia, Jaume Asens, y la comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad, Lola López, que han solicitado al juez instructor “todas las medidas oportunas dirigidas a proteger la comunidad musulmana y al conjunto del vecindario de Nou Barris”.

Un juez de Barcelona prohibió ayer acercarse a menos de 300 metros de esta mezquita a siete miembros de la formación de extrema derecha Democracia Nacional que presuntamente atacaron el centro, con pintadas islamófobas y dejando a sus puertas embutido elaborado con carne de cerdo.

En su auto, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona estimó la petición de la Fiscalía, instada por el Ayuntamiento, e impuso esa medida cautelar a los siete investigados, además de ordenar el cierre de varias páginas web y perfiles de redes sociales donde los denunciados difundían su discurso islamófobo.

Jaume Asens ha asegurado que el ayuntamiento de Barcelona instó a la Fiscalía a pedir la orden de alejamiento contra los atacantes de la mezquita y ha celebrado que el juez la haya concedido porque “se ha establecido un punto de inflexión importante” porque “se desenmascaran unos grupos de extrema derecha que se querían camuflar entre la protesta vecinal”.

Libertad religiosa
Para Asens, “lo más grave es que estos ataques suponen un intento de impedir el libre y legítimo ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa, reconocido tanto en la Constitución española como en la Declaración de los Derechos Humanos”. Para Lola López, que ha reconocido que hay una veintena de vecinos que aún se oponen a la mezquita, “no es sólo un ataque contra el libre y legítimo derecho de unos vecinos a desarrollar sus prácticas religiosas, sino que también es un ataque a los valores de respeto y la convivencia que forman parte de nuestra sociedad”.

El juez investiga presuntos delitos de coacciones para impedir el libre ejercicio de un derecho fundamental, un delito contra los sentimientos religiosos y un delito para promover, favorecer o incitar al odio. Algunas de las acciones denunciadas por parte de la comunidad son el bloqueo de la puerta del oratorio con silicona, pintadas y daños en las persianas de seguridad.

Además, las investigaciones de Fiscalía iniciadas en mayo del 2017 han acumulado una veintena de atestados, tanto de la Guardia Urbana como de los Mossos, por presencia reiterada de personas a las diversas protestas que han protagonizado contra el centro de culto.