La situación de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) en Canarias «empieza a ser insostenible», pero no solo en las islas, sino a nivel nacional, según el punto de vista de Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer ahondó en esta cuestión en la primera jornada del Foro de Derechos Humanos e Inmigración 2018 que se está llevando a cabo en Meloneras.

Cuesta detalló que, a su criterio, «la eficacia de estos centros está fallando», puesto que en su momento se concibieron como «una medida cautelar para garantizar la devolución de los inmigrantes, las expulsiones administrativas y la sustitución de las penas» y, con el paso de los años, el promedio de personas expulsadas que han pasado por un CIE «no llega al 25% por lo cual, ¿para qué tantos ingresos superiores a los 10.000 ciudadanos?», se preguntó el vocal del CGPJ.

El jurista estima que estos centros, de los que hay tres en Canarias aunque solo dos están en funcionamiento, están «fracasando» en su objetivo», a pesar de que hace cuatro meses, el CGPJ creó un grupo de investigación integrado por magistrados y un coordinador experto en inmigración con la misión de hacer un balance de cómo están trabajando los siete CIE que hay en España, «con todas sus deficiencias», sostuvo. «Somos conscientes de que no es el paraíso ideal, es más, un CIE es un centro público, no carcelario ni penitenciario. Es exclusivamente cautelar y restringe solo la libertad de deambulación pero mantiene y debe mantener los derechos y dignidades de los internos y a veces eso no se consigue y por eso los jueces visitan y responden a las quejas de los internos», aclaró.

En estos momentos, lo que más le preocupa a Álvaro Cuesta en materia de internamiento de inmigrantes, según afirmó a los asistentes a esta primera jornada del foro, son «las condiciones de los CIE, los medios materiales, su calidad, la falta de una política activa en materia de atención social y el asesoramiento jurídico. El compromiso del CGPJ es enorme ya que el día a día de los jueces que tienen competencias en este área es ejemplar», dijo.

Por último, criticó «las contradicciones detectadas en las políticas de la Unión Europea en esta materia, con una regresión de la libertad de circulación que pone en tela de juicio el respeto y la universalización de los derechos humanos».

En la misma línea, el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Emilio Moreno, destacó que el fenómeno de la inmigración ha de abordarse desde «una perspectiva multidisciplinar» y las políticas se deben revisar de forma constante, dado su carácter «vivo y, por tanto, cambiante». Señaló que hace una década las administraciones comunitarias creían tener bien diseñadas sus políticas de inmigración para 2020, «pero ahora somos conscientes de que el entorno ha cambiado» y «nos vemos obligados a hacerlo nosotros también».

Hubo 27.810 inmigrantes llegados a España en 2017 y de ellos, 418 arribaron a Canarias en 16 barcas. Los menores extranjeros no acompañados, acogidos y tutelados en Canarias fueron 106.