El juez de Barcelona Ignacio Sánchez García – Porrero ha prohibido acercarse a un radio de 300 metros a una mezquita de Nou Barris, en la calle de Japó, o a comunicarse con los que allí acuden, a siete miembros de la formación de extrema derecha Democracia Nacional y de su rama juvenil, denunciados por atacar el recinto religioso con pintadas islamófobas y dejando en sus puertas embutidos de cerdo, carne que no pueden comer los musulmanes. El magistrado también ha acordado la clausura de los perfiles en redes sociales donde los imputados difundían su discurso. Estas medidas cautelaress fueron solicitadas por el fiscal contra los delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, que el pasado mes de enero presentó una denuncia por coacciones e incitación al odio.

La fiscalía exponía en su denuncia que “de manera sistemática” desde el 18 de marzo del 2017 militantes y simpatizantes de esa formación de extrema derecha habían protagonizado “acciones hostiles” hacia el colectivo musulmán de Nou Barris. Los imputados se aprovecharon, según la denuncia, de las quejas que algunos ciudadanos lanzaron  por la apertura del centro de culto sito en la calle Japón 28 – 30  para “manipular políticamente y exaltar a los vecinos con el firme propósito de incrementar la frecuencia e intensidad de la protesta”. Otro de los objetivos era generar “rechazo, odio y hostilidad” contra “los musulmanes en general” y amedrentar a la comunidad islámica del barrio para que abriera el recinto religioso. De esta manera, incide la acusación, se pretendía impedir el derecho constitucional a la libertad religiosa.

El juez argumenta a la hora de prohibir a los imputados acercarse a la mezquita que toma esta decisión con el “fin de evitar males mayores” y tras recabar indicios de su implicación en los daños provocados en el centro religioso, gracias al visionado de las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se puede ver a los miembros del grupo de extrema derecha realizando pintadas y haciéndose fotografías con símbolos en contra de dicho centro y contra la religión islámica, según detalla el auto. La fiscalía y los Mossos d’Esquadra, que se han encargado de la investigación, han podido identificar con nombres y apellidos a los autores de algunos ataques realizados en junio y julio del 2017.

En una segunda resolución, el mismo juez ha ordenado a plataformas de internet como Facebook o Twitter que cierre los perfiles de algunos de los imputados. En el caso de que el proveedor de estos servicios no esté radicado en España o no cumpla con este mandamiento, el togado ha acordado que se remita un oficio a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones a fin de que impida el acceso desde España estos perfiles creados en redes sociales.

En la resolución que acuerda esta medida, el juez reseña que “con carácter indiciario” se ha constado que estos perfiles han sido utilizados “como medio para la difusión de ideas que justifican el odio a la comunidad islámica”, a través de los que “se consumarían los delitos de provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas” o religiosos.