El Gobierno británico estableció a partir de 2014 cuotas para deportar a inmigrantes ilegales del Reino Unido, según un informe revelado hoy por la cadena BBC que ha levantado críticas por parte de los partidos la oposición.
El Ministerio de Interior británico determinó que se debían producir 7.200 “partidas voluntarias” de inmigrantes en el ejercicio 2014-2015 y elevó esa cifra a 12.000 para 2015-2016, según un documento elaborado en diciembre de 2015 por la oficina del inspector jefe independiente de Fronteras e Inmigración.

La titular de Interior, Amber Rudd, admitió hoy que existían objetivos “locales” de expulsión de inmigrantes para uso “interno”, después de haber asegurado ayer ante un comité del Parlamento que no conocía esas disposiciones.

“Nunca he aprobado que hubiera cuotas específicas de expulsiones y nunca apoyaría una política que anteponga las cuotas a las personas”, afirmó Rudd, que sustituyó en la cartera de Interior a la actual primera ministra, la conservadora Theresa May, en julio de 2016.

La ministra admitió que “la sección dedicada a la inmigración del Ministerio de Interior ha estado utilizando cuotas locales para gestionar su funcionamiento interno”, si bien consideró que ese sistema se ha utilizado de forma “inapropiada” y debe “cambiar”.

Diane Abbott, portavoz de Interior del Partido Laborista, el primero de la oposición en el Reino Unido, pidió en la Cámara de los Comunes la dimisión de la ministra por una “cuestión de honor”.

La laborista sostuvo que Rudd no puede mantenerse en el puesto “a no ser que ella solo esté ahí como escudo humano para Theresa May”.

La polémica por las expulsiones de inmigrantes ha ocupado portadas de los medios británicos en los últimos días ante el escándalo de la llamada “generación Windrush”, que engloba a miles de personas que llegaron al Reino Unido desde países de la Commonwealth entre 1948 y 1971.

Algunas de esas personas no han podido demostrar que llevan décadas en el Reino Unido, por lo que desde hace unos años se han visto en una situación irregular en el país, lo que ha llevado a algunos de ellos a perder su trabajo, ver denegado el acceso a la sanidad y afrontar amenazas de deportación.