El hecho de que Interior no ejecute mejoras en la instalación que seguirá siendo la de primer uso y, en cambio, sí destine una fuerte inversión a la que utilizará solo en caso de necesidad, ha levantado suspicacias en la localidad, que ha dejado claro que no quiere que se instale un nuevo CIE. Ya en enero, cuando los ministerios de Interior y Defensa firmaron la cesión de las instalaciones, todos los grupos políticos municipales se movilizaron y aprobaron una declaración institucional instando al Gobierno a que no convirtiera el complejo militar en un CIE.

El recinto sobre el que se ejecutarán las obras de mejora es el complejo que fue sede administrativa y logística del Escuadrón de Vigilancia Aérea 9 de Motril hasta 2010, a seis kilómetros del puerto. Se trata de un espacio grande y con varias edificaciones en aparente buen estado. Las obras de adaptación a la nueva función, para lo que se estima una duración de cuatro meses, consistirán en el acondicionamiento de los antiguos pabellones militares a zona de estancia y residencia, para lo que se instalarán camas, cocinas, aseos y algunos otros servicios, además de la completa renovación de la instalación de luz y agua.

Otras fuentes conocedoras de la situación migratoria enmarcan también estas obras de adaptación a la nueva función en el importante número de inmigrantes que están preparados para salir desde las costas africanas hacia Europa en los próximos meses. Esperan lo que algunos denominan “una gran crisis” de pateras y Juan Alcausa, jefe del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de la Cruz Roja motrileña, define como “una fuerte presión” migratoria. Según los datos de este responsable de atender a los inmigrantes tras su llegada a puerto, en lo que va de año la llegada a Motril de inmigrantes rescatados ha sido de 989 hasta hoy, el doble de lo que se recibió en el mismo periodo el año pasado, un año de récord.

El defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, visitó el pasado noviembre el actual centro de atención temporal para extranjeros que el Ministerio de Interior tiene en el puerto de Motril. En febrero de este año, en el Congreso, explicó que consideraba que, dadas sus condiciones, “debería procederse a su cierre”. Y continuaba: “Presenciar en 2017 a madres con bebés en calabozos, a menores no acompañados encerrados en celdas, a hombres durmiendo en el suelo, la carencia de calefacción a 20 metros del mar, entre otras cosas, nos debería sonrojar después de llevar años recibiendo a personas migrantes continuamente”. El recinto fue remodelado por última vez en 2004. Desde entonces solo se han realizado algunas intervenciones menores como instalar fibra óptica para facilitar el trabajo policial y judicial y poco más.

“Mención aparte”, decía el defensor ante los diputados, “requieren los denominados centros de primera acogida y detención, ubicados en Motril y Almería, a los que nos hemos referido al principio de la intervención. Lo que podría haberse convertido en una buena práctica, ha acabado transformándose, ya lo dije, en una prolongación de una comisaría, desprovista de los servicios mínimos esenciales para las circunstancias de las personas que han de atenderse. El ingreso en un calabozo con hasta 21 personas simultáneamente, recién llegadas a la costa, como pudimos comprobar en una de las visitas, no es la mejor respuesta que cabría esperar. Como tampoco lo es ingresar a menores o madres con bebés en esas instalaciones".