Mientras Donald Trump sigue sin convencer al Congreso ni tampoco a su país vecino de que financie el muro fronterizo, Texas y Arizona fronterizos con México anunciaron ayer el «despliegue inmediato» de tropas para asegurar la frontera sur, en cooperación con la Secretaría de Seguridad Nacional y la cartera de Defensa estadounidense. Son las primeras acciones reales de la misión autorizada por el Pentágono a propuesta del presidente Trump, para financiar el despliegue de hasta 4.000 efectivos en la zona hasta el 30 de septiembre, que apuntalen así la política de mano dura contra la inmigración ilegal.

En las próximas 72 horas, la Guardia Nacional de Texas estado que concentra el 60 % de la frontera entre EE.UU. y México llevará a cabo un envío inicial de 250 soldados, además de equipamiento terrestre y aéreo. En el caso de Arizona, su gobernador Doug Ducey confirmó que enviarán 150 soldados de la Guardia Nacional de su estado, a partir de la próxima semana.

El desembarco militar planeado ha supuesto que el mandatario estadounidense pida una lista de instalaciones gubernamentales que puedan ser utilizadas para que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aumente su capacidad de detención. «Todos los espacios existentes, incluidas instalaciones militares», explica el documento gubernamental.

Tolerancia cero

En la misma línea, el fiscal general de EE.UU. Jeff Sessions ordenó una política de «tolerancia cero», contra todos aquellos inmigrantes que quieran cruzar la frontera estadounidense de manera ilegal. La orden afecta sobre todo a los indocumentados sin historial delictivo previo, ya que a partir de ahora los fiscales generales de los estados fronterizos no tendrán ningún tipo de miramiento a la hora de presentar cargos contra ellos. La medida se suma a la impulsada la semana pasada que estableció que los jueces de inmigración tienen que procesar una cantidad mínima de casos, para, supuestamente, solucionar el problema de la congestión judicial.