La protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados que se está haciendo actualmente en nuestro país presenta numerosas y graves irregularidades que conllevan la vulneración de los «derechos contemplados en la legislación española y autonómica, así como en la legislación europea e internacional». A los inmigrantes que aún no son adultos, las autoridades «no les tramitan los permisos de residencia» (a pesar de que hayan pasado tutelados los preceptivos nueve meses que recoge el reglamento de la Ley de Extranjería); se están llevando a cabo repatriaciones «sin respetar las garantías» que establece la normativa básica al respecto (escuchar al menor y a la familia o velar por la integridad del niño); y se cataloga arbitrariamente como mayores de edad, a través de pruebas seudocientíficas que datan de los años 30, a subsaharianos cuyo pasaporte acredita que no lo son.

Un detallado informe elaborado por media docena de asociaciones dedicadas a la inmigración y a la protección del menor, y remitido la pasada semana al Defensor del Pueblo, denuncia las «irregularidades» y la «situación de desprotección» que sufren los extranjeros no adultos supuestamente bajo tutela de la Comunidad de Madrid.La investigación responsabiliza al Instituto Madrileño del Menor y de la Familia (IMMF), dependiente del Gobierno regional, y al Ministerio del Interior, encargado de la tramitación de su documentación legal.

El trabajo está encabezado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y SOS Racismo, y ha sido ya puesto en conocimiento de todos los partidos políticos. A lo largo de sus páginas, las asociaciones relatan decenas y decenas de casos, con nombres y apellidos, en los que se ha actuado vulnerando el reglamento de la Ley de Extranjería, la ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del niño ratificada por España el 5 de diciembre de 1990.

Muchos otros ejemplos no incluidos en este informe han sido igualmente denunciados por colectivos que no firman el documento, como la Coordinadora de Barrios. Incluso, algunos casos están en proceso judicial.

«No se está obrando atendiendo al interés superior del menor, principio que debiera informar todas las actuaciones concernientes a los menores», concluye el estudio. El objetivo final sería deshacerse de los menores, no darles papeles aunque lo recoja la ley y no permitir que la llegada de los niños inmigrantes no acompañados sea una vía de entrada de inmigración. Estas son las principales ilegalidades denunciadas al Defensor del Pueblo.

No tramitación de permisos de residencia de los menores tutelados. El reglamento de la Ley de Extranjería establece que, transcurridos nueve meses desde que el chaval haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores, se procederá a otorgarle la autorización de residencia.

«Esto no se está cumpliendo», señala el informe. «La situación que hemos podido observar desde nuestro trabajo diario es que, pasados nueve meses desde la tutela de los menores, éstos no reciben la autorización de residencia».

El trabajo cita multitud de formas de hacerlo. Con el camerunés William T. lo hicieron reteniendo su pasaporte. «Si bien el chico llevaba tutelado 10 meses, no se tramitó su solicitud de autorización de residencia. Su pasaporte, desde el 24 de octubre de 2005, estaba a disposición del IMMF, que a su vez lo entregó a la Delegación del Gobierno ( ). Tres días antes de cumplir la mayoría de edad, la Policía de Inmigración se presentó con una orden de repatriación y de madrugada en el piso donde vive». Cuando le devolvieron el pasaporte, ya era mayor de edad. Había hecho un taller de Garantía Social y prácticas en una empresa, donde tenía una oferta de empleo. «William tiene un hijo pequeño», detalla el informe.«La madre es menor protegida».

Repatriaciones sin garantías. Numerosas reagrupaciones familiares no respetan las garantías previstas en la legislación nacional e internacional. No se tiene en cuenta la opinión del niño, «casi siempre contraria a la vuelta al país de origen», señalan las organizaciones denunciantes en un informe paralelo remitido a los partidos políticos. «No se deja al niño con su familia en muchos de los casos, sino en ciudades de Marruecos alejadas de su lugar de origen, a veces incluso en comisaría de policía, poniendo su vida en riesgo». Tampoco consta que haya una «comunicación suficiente con la Fiscalía para que aporte su opinión». La consecuencia final es que los menores intentan volver, en los bajos de un camión o como sea, arriesgando sus vidas. La ley dice claramente al respecto que hay que evaluar caso por caso la conveniencia de dicha repatriación, para evitar actuar en contra del «superior interés del menor».

En este sentido, un histórico auto emitido la semana pasada por el juzgado de lo Contencioso – Administrativo 14 de Madrid suspendía la repatriación de un menor marroquí, B. E., basándose en que debía «primar» el interés superior del menor «por el perjuicio que supondría la ejecución de la repatriación».

Menores en la calle. Desde comienzos de junio de 2005, muchos jóvenes originarios de diversos países del Africa subsahariana que estaban tutelados están siendo dados de baja por la Comunidad de Madrid, alegando que son mayores de edad.

«Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de estos menores tienen pasaportes expedidos por sus embajadas o consulados en España, que acreditan que su edad es inferior a los 18 años, lo cual es evidente en muchos casos», denuncia el informe. «Sin embargo, a pesar de estar en posesión de un documento oficial, internacionalmente válido, y de haber sido tutelados por esta razón, muchas veces se les realizan con posterioridad pruebas de edad [de dudosa fiabilidad, según numerosos expertos médicos] llegando a la conclusion de que no son menores».

A muchos de éstos inmigrantes se les retiró el pasaporte. A día de hoy, no se les ha devuelto.