EL MUNDO cuenta hoy que decenas de menores inmigrantes son repatriados todos los días a sus países de origen. El Defensor del Pueblo ha recibido un informe que acusa al Gobierno y a la Comunidad de Madrid de expulsarlos antes de nueve meses sin tramitarles, como establece la Ley de Extranjería actual, un permiso de residencia.A muchos de ellos se les cataloga como mayores de edad – pese a que sus pasaportes indican lo contrario – con tal de ponerles rumbo a su tierra. Algunos de los menores repatriados se habían integrado perfectamente en la sociedad española e incluso tenían ofertas de trabajo. Desde luego, una política migratoria laxa con los menores abriría una peligrosa vía para la inmigración ilegal, pero en casos tan delicados la firmeza no debe ser confundida con la ilegalidad. Los gobiernos central y autonómico deben atajar cuanto antes una práctica que además de ser ilegal daña gravemente nuestra imagen de país de acogida.