Como inconstitucional y un asalto para hacer invisibles a los inmigrantes en EE.UU. calificaron hoy activistas y políticos la inclusión de una pregunta sobre el estatus de ciudadanía en el Censo 2020, que llevó incluso a la Fiscalía de California a demandar al Gobierno de Donald Trump.

“Incluir la pregunta no es sólo una mala idea, es contra la ley”, afirmó hoy el fiscal de California, Xavier Becerra.

Según el fiscal, la pregunta, agregada este lunes por el Departamento de Comercio, pone en peligro la incorporación en los datos estadísticos de la población total de Estados Unidos de “varios millones” de indocumentados que residen en el país.

“Si no nos cuentan, no contamos”, agregó el fiscal.

Se trata de “otro asalto más a los inmigrantes, a los latinos y al Censo 2020”, manifestó Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO, en inglés).

“Trump y los republicanos empujan una agenda racial y partidista que busca asustar y hacer invisibles a las comunidades inmigrantes”, criticó, por su parte, Tom Pérez, director del Comité Nacional Demócrata (DNC).

Pérez lamentó que ello “resultará en una cuenta inexacta de la población que costará recursos y representación (política) para estas comunidades a lo largo y ancho del país”.

En febrero pasado, una coalición de una veintena de fiscales estatales, entre ellos Becerra, había advertido al secretario de Comercio, Wilbur Ross, de que “una pregunta sobre ciudadanía violaría la Constitución de Estados Unidos y los estatutos federales”.

El ex fiscal general de la nación Eric Holder dijo hoy que se trata de una “decisión irresponsable”.

“Éste es un esfuerzo claro para suprimir la participación activa de todas las personas. Está especialmente dirigida para crear miedo y confusión entre las comunidades inmigrantes”, matizó Jerry González, director ejecutivo del grupo latino de Georgia GALEO.

Entre tanto, en California, estado que ha liderado la “resistencia” contra el Gobierno Trump, la decisión federal generó otra demanda de la Fiscalía estatal, una más de las muchas ya presentadas o apoyadas por el denominado “estado dorado”.

En rueda de prensa conjunta con el secretario estatal Alex Padilla, Becerra informó hoy de que la noche del lunes presentó la demanda contra la administración de Trump.

Becerra dijo que los recursos federales para los estados se distribuyen en proporción al total de la población registrada por el censo, que se efectúa cada diez años.

Así, servicios públicos como la educación, la seguridad, la salud o el transporte reciben fondos federales de acuerdo con el número de personas que vive en cada estado de EE.UU.

Además de las de presupuesto, un registro incompleto de la población tiene consecuencias políticas, ya que las Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros que se reparten proporcionalmente a la población en los 50 estados del país.

Padilla explicó que los representantes a la Cámara federal dependen del número de distritos electorales en cada estado que a su vez se establecen por el número de habitantes.

California, el estado más populoso del país, cuenta con 53 representantes, seguido de Texas con 36 y Florida y Nueva York, cada uno con 27, determinados de acuerdo con los datos del Censo de 2010, que totalizó 309,1 millones de personas.