El 57% de las situaciones expuestas por las víctimas a SOS Racisme y que la entidad ha considerado racistas no han sido denunciadas por miedo y por una fundada desconfianza en el sistema, lo que Cuevas ha definido como una “pésima noticia”. De las 91 situaciones que sí han llegado a ser denunciadas ante la justicia, 34 han sido considerados como delito de odio.

La mayor parte de las denuncias, el 29%, son agresiones cometidas por parte de agentes de cuerpos de seguridad pública, algo que lleva años sucediendo. La mayoría de estas son hacia la Guardia Urbana (34%) y los Mossos d’Esquadra (30%). En estas situaciones la entidad señala la paradoja de que en lugar de actuar como acusación actúa como defensa de las víctimas, ya que estas son las denunciadas por los propios agentes de seguridad, "muchas veces con atestados falsos para justificar su actuación". “Es normal que no crean en el sistema si son las personas que supuestamente deberían defenderles las que les atacan”, denuncia Cuevas. En la mayoría de estos casos las víctimas son vendedores ambulantes ilegales.

La segunda tipología más denunciada son las agresiones y discriminaciones entre particulares, que también generan muchos problemas a la hora de ser denunciadas, principalmente porque el 44% pasan en la calle y son puntuales y gratuitas, lo que dificulta muchísimo la intervención. 

La asociación señala asimismo que la inmensa mayoría de las situaciones que sí se denuncian no llegan a resolverse. Ponen como ejemplo la discriminación en el acceso a la vivienda. "Partimos de que ni el Estado ni el resto de las administraciones asumen la responsabilidad que tiene en la protección del derecho a la vivienda, un derecho constitucional que está gestionado desde el ámbito privado", apunta Alícia Rodríguez, directora del Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme (Said) de la entidad, que este año celebra su 25º aniversario (y sigue denunciando las mismas situaciones). “Consideramos que la queja a través de la Agència Catalana de Consum, la opción a la que nos deriva la administración ante su inacción, no es la adecuada ya que estamos hablando de la vulneración de un derecho, de un bien de consumo”, concluye Rodríguez.