El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense acordó el sobreseimiento libre y el archivo de la causa abierta contra el alcalde de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes (PP), su exesposa Carmen Limia y su hijo, que fueron detenidos en julio del 2017 como investigados por un presunto delito de explotación laboral de extranjeros. El instructor considera acreditado que un inmigrante recibía alojamiento, manutención y unos 600 euros mensuales por cuidar al suegro del alcalde, pero afirma que esa situación no es una explotación laboral, aunque sea «reprochable» que estuviera sin contrato.

El juez no vio creíble la declaración de un senegalés que dijo haber trabajado limpiando autobuses en la empresa de transporte de viajeros del alcalde y acompañando a personas mayores a las que llevaban a centros de día y que tuviera un horario de ocho horas para estas «labores ocasionales». El instructor recoge en su auto que Limia «intentó ayudar», le daba «una pequeña cantidad mensual» y le dejaban usar el gimnasio y comer en su casa. El juez concluyó que no había más que alguna colaboración ocasional con la empresa Gavilanes, algo que afirmaron testigos en sede judicial. Ni hubo relación laboral con el Club Ourense Baloncesto, del que Antonio Gavilanes, hijo del alcalde, fue presidente durante una época. Como otros colaboradores del club, los dos senegaleses acudían los días de partido a grabar encuentros o vender camisetas, tarea por la que percibían 25 euros. El juez estima que no se aportó ninguna prueba de relación laboral y que los investigados solo quisieron ayudar y no explotar al ciudadano senegalés.

Según explicó la familia ayer a La Voz, el contacto con los senegaleses vino a través del programa de presos de Cáritas, con el que Limia colaboraba. Ella les alquiló un piso cuando cumplieron su condena e intentó regularizar su situación en el país, pero al tener antecedentes penales no fue posible. Después, uno se fue a vivir con una española y al querer regularizarse como pareja contó que había trabajado para Gavilanes. Esa versión no fue comprobada por la policía, que podía haber ido a la empresa a vigilar si trabajaba allí el supuesto explotado, critica el alcalde. Limia apuntó que siguió mandando dinero a dos de los extranjeros cuando volvieron a sus países.