Un juez ha dejado en libertad con cargos a dos neonazis acusados de agredir a un inmigrante el sábado en Castellar del Vallès. Ambos acumulaban denuncias por hechos similares, pero todavía ninguna condena, por lo que sólo tienen antecedentes policiales, no judiciales. El Ayuntamiento de Castellar solicita la prisión preventiva.
La prisión o la libertad en espera del juicio es una de las decisiones judiciales más difíciles, porque la opinión pública reivindica una cosa y la ley exige otra. La opinión pública alega la gravedad del hecho y la alarma social – – que en este caso es mucha – – , mientras la ley reserva la prisión preventiva como medida excepcional para evitar la fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración de los hechos. El juez no podía atender a la alarma social, porque ese criterio ha sido eliminado de la ley como índice de necesidad de la prisión preventiva, que no está para tranquilizar, sino para asegurar el proceso. Pero no deja de llamar la atención que la lentitud de procesos por hechos de fácil prueba permita acumular denuncias aún no condenadas, sin una respuesta definitiva y contundente. Ignoramos qué datos tiene el juez para considerar que no existe peligro de repetición de los hechos, pero éste es uno de los índices que permite acordar la prisión preventiva, y no es extraño que el ayuntamiento lo alegue. En todo caso, la violencia contra los débiles y especialmente, los inmigrantes, necesita una respuesta rápida que ataje el mal en sus raíces. Y, en un Estado de derecho, la respuesta pasa por un juicio en el que se apliquen la ley y sus consecuencias.