El centro penitenciario Málaga II, ubicado en la localidad malagueña de Archidona, será inaugurado este lunes ya como cárcel, tras numerosas reivindicaciones para su puesta en funcionamiento y después de la polémica generada por haber acogido de forma temporal a unos 500 inmigrantes llegados en patera a las costas españolas y el suicidio de uno de los internos.

Al acto de inauguración está previsto que acuda el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste; y el presidente de SIEP, Miguel Contreras, entre otras autoridades.

Según las especificaciones recogidas en la página web de Instituciones Penitenciarias, la cárcel de Archidona cuenta con una superficie construida de 102.232,25 metros cuadrados. Tiene 1.008 celdas residenciales, además de otras 72 en ingresos, 50 en régimen cerrado y 64 camas en enfermería. En total son 16 los módulos residenciales, según ha señalado el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, de los que 12 son para los reclusos y el resto de uso polivalentes, además de tener uno de régimen cerrado, otro de ingresos, salidas y tránsitos y el de enfermería.

Así, la cárcel de Archidona estará formada por ahora por una plantilla de unas 300 personas, entre funcionarios y personal laboral. Una parte de los funcionarios, unos 70, ya se ha incorporado, mientras que el resto de los que han sido destinados en el concurso de traslado tienen hasta el 6 de marzo para incorporarse.

Según los sindicatos, la cárcel comenzará a recibir los internos en las primeras semanas de marzo y se abrirá por el momento de forma parcial, prácticamente a la mitad. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nombró a la que era subdirectora de Seguridad en el centro penitenciario de Huelva, Noelia Moreno Rojas, como directora de la cárcel Málaga II.

Estas infraestructuras comenzaron a plantearse hace al menos ocho años, ya que fueron adjudicadas en febrero de 2010. La obra del edificio terminó en 2013, pero no se abrió por “cuestiones presupuestarias”, según señalaron en ese momento. Faltaba el equipamiento y se requería sacar la oferta de empleo público.

A ese retraso en la apertura, se suma que a finales de noviembre pasado, el Ministerio del Interior decidió el traslado a estas instalaciones de unos 500 inmigrantes llegados, como una medida “excepcional” y “temporal”, como consecuencia del elevado número de llegadas en pateras a las costas de españolas, incidiendo desde el Gobierno que se hizo “con la autorización de siete juzgados”.

La cárcel volvió a estar vacía el pasado 10 de enero, después de que el Ministerio expulsara a Argelia o trasladara a otros puntos del territorio nacional a los inmigrantes que aún quedaban en las instalaciones. En total, según Interior, pasaron por este centro 572 inmigrantes , todos argelinos, desde finales de noviembre.

Desde que se produjo el internamiento, numerosos colectivos y partidos políticos, como PSOE y Unidos Podemos, criticaron la medida, más aún cuando el 29 de diciembre se produjo la muerte de Mohamed Bouderbala, uno de los internos, que, según las investigaciones, se suicidó durante las 16 horas de aislamiento en una de las celdas de la prisión.

El ministro Juan Ignacio Zoido explicó que el inmigrante fue confinado en su celda tras protagonizar un motín ese mismo día, relatando de forma cronológica los hechos que se registraron en el informe policial sobre el caso de este joven.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Marugán, dijo en su comparecencia en el Congreso que “las cosas no se hicieron de una manera muy correcta” cuando se decidió utilizar la cárcel aún por inaugurar como centro de internamiento de extranjeros y señaló que el aislamiento del interno fue a su juicio “inexplicable”.

Un juzgado abrió diligencias por la muerte del interno, aunque las archivó provisionalmente al descartarse la participación de otras personas y ser la muerte de naturaleza suicida. En un auto, el juez determina que no ha quedado justificada “la perpetración de hecho delictivo alguno”, apuntando que, según el atestado policial, “nadie acudió a la celda del inmigrante, de hecho, se indica que la puerta no se abrió y las cámaras no registraron movimiento alguno”. Esta resolución está recurrida.