El Gobierno francés aprobó ayer un controvertido proyecto de ley sobre inmigración que acelera la expulsión del país de quienes no tengan derecho al asilo y mejora las condiciones de acogida e inserción de quienes estén en situación regular. El texto adoptado en el Consejo de Ministros, que comenzará a ser debatido en la Asamblea Nacional en un mes, quiere alinear la normativa de Francia con la de otros Estados europeos, como Alemania, y controlar un flujo migratorio en aumento. En 2017, más de 100.000 personas solicitaron asilo en Francia, un 17% más que el año anterior, y otras 85.000 fueron rechazadas en la frontera del país, que quiere dotarse de los medios necesarios para “alejar”, según sus términos, a quienes no reúnen las condiciones para entrar. La nueva ley en favor de “una inmigración controlada y un derecho al asilo efectivo” tiene entre sus puntos más importantes la reducción, de catorce a seis meses, del plazo medio para tramitar las peticiones de asilo y la disminución de un mes a dos semanas del margen previsto para presentar un recurso.

DETENCIONESAdemás, el texto aumenta de 45 a 90 días el periodo de retención para aquellos en proceso de expulsión, con el objetivo de dar más tiempo a las autoridades para negociar la repatriación con los países de origen. El mayor control a los inmigrantes incrementa de 16 a 24 horas el tiempo en el que una persona puede estar retenida hasta que se verifica su documentación e incluye multas de hasta 75.000 euros y cinco años de cárcel, según el diario Le Monde, para quienes lleven un documento falso para permanecer en el país. Aunque la nueva ley facilita la reunificación de los menores con sus padres y hermanos y da a los apátridas un permiso de estancia de cuatro años, tres más que en la actualidad, el texto ha cosechado las críticas de las asociaciones humanitarias, que lo tachan de represivo. En un comunicado publicado este lunes, la ONG Cimade destacó que es “peligroso” y constituye “un neto retroceso para los derechos de las personas extranjeras en Francia”.

Según esta organización, “no es un acto aislado, sino una amplificación de una política migratoria brutal que se traduce en expulsiones diarias en la frontera italiana, prácticas abusivas o ilegales durante las detenciones, actos de violencia, confiscaciones de bienes a los sintecho…”

“Siempre habrá críticas (…) Tenemos que acoger, pero hacerlo bien”, dijo el ministro del Interior, Gérard Collomb.