Amnistía Internacional (AI) alertó hoy, en su balance anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, de las condiciones “muy deficientes” y la “discriminación” de acceso a una vivienda adecuada que sufren las personas de etnia gitana y de ascendencia africana en Portugal.

Las advertencias siguen la línea del informe presentado por la ONU en febrero del año pasado tras una visita realizada a Lisboa y Oporto en diciembre de 2016, en el que se pedía a las autoridades abordar “con carácter prioritario” este asunto.
PUBLICIDAD

Prueba Artisan, nuestra masa con aceitunas
Pruébalas

Ahora con tus ingredientes favoritos

Consulta condiciones en la web

El foco del problema se centra en la “vivienda inadecuada”, al ser asentamientos informales, y en los desalojos y demoliciones que puedan dejar sin hogar a dichos colectivos.

AI recordó que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, expresó su “preocupación” por la precaria situación de gitanos y descendientes de africanos y demandó la elaboración de nuevos programas de vivienda social “para todos los grupos vulnerables”.

La acogida de refugiados fue el segundo mayor problema para el ente, ya que faltaban “más de 1.400 plazas” respecto al compromiso jurídico que Portugal contrajo en el programa de la UE.

Además, las autoridades lusas contabilizaron más de 720 personas que abandonaron el país “antes de terminar el año”.

AI también denunció la tortura policial que sufrieron seis hombres de origen africano hace dos años a manos de 18 agentes de policía, a los que un juez rechazó suspender de sus funciones hasta ser juzgados.

Siguiendo en el ámbito judicial, apuntó a la polémica sentencia del Tribunal de Relación de Oporto, que utilizaba el adulterio cometido por una mujer para justificar la violencia machista que sufrió a manos de su exmarido y su antiguo amante.

Por otro lado, el informe anual destacó el anteproyecto de ley presentado al Parlamento en favor de los derechos de las personas LGTBI y la aprobación de las modificaciones en el Código Penal para reforzar “la protección frente a la discriminación”.