El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha decidido abrir una actuación de oficio para defender la inocencia y garantizar la asistencia legal de los tres bomberos andaluces de la Asociación Proemaid que serán juzgados en Grecia el 7 de mayo acusados de un delito de tráfico de personas.

El Defensor, que ha mantenido hoy una reunión con los bomberos afectados, ha adelantado que la institución que representa emprenderá medidas con dos líneas de actuación en el intento de demostrar la “inocencia” de los miembros de Proemaid, asociación que nació para dar respuesta a las catástrofes humanitarias de refugiados.

En primer término, el Defensor ha abierto una actuación de oficio ante el Defensor del Pueblo Español para que garantice la protección legal de los bomberos en el juicio y que requiera al Ministerio de Asuntos Exteriores a que preste la ayuda consular necesaria en Grecia.

La idea según Maeztu es que el cónsul español en Grecia pueda acompañar a los bomberos acusados durante el juicio, en el que podrían ser condenados a más de diez años de cárcel cada uno.

Además, se dirigirá al Defensor del Pueblo Griego, Andros Pottaquis, para intentar también que esté presente en el juicio y avale la inocencia y labor de los bomberos con los documentos que le remitirá el Defensor andaluz.

Maeztu ha expresado su apoyo a los profesionales de emergencia que se aventuran a la ayuda humanitaria y ha indicado a los periodistas que “no hay ninguna duda de que su labor no tiene nada que ver con el tráfico de personas y eso hay que ponerlo en valor en el juicio”.

“Es imposible que intentar salvar vidas y colaborar con los refugiados le cueste una acusación de diez años de cárcel por cada persona rescatada”, ha lamentado el Defensor.

Los hechos se remontan a enero de 2016, cuando tres bomberos de esta asociación fueron requeridos por una ong danesa para colaborar en el rescate de inmigrantes y refugiados en el Mar Egeo.

Pese a llevar varios meses operando en la zona, la guardia costera griega denunció a los ocupantes del barco, incluidos los tres bomberos andaluces, de incurrir en un delito de “tráfico de personas”, acusación que verán los tribunales el próximo 7 de mayo.

Ángel Blanco, vicepresidente de Proemaid y uno de los acusados, ha declarado que ahora son los rescatadores los que “se sienten vulnerables”, de ahí la petición de amparo y de protección legal al Defensor del Pueblo.

“Tenemos muy claro que no hemos cometido un acto delictivo sino que hemos rescatado y salvado a gente en apuros para evitar su muerte”, ha indicado.

La intención de estos bomberos mantener también reuniones con los partidos del Parlamento andaluz para recabar apoyos, así como en el Parlamento Europeo, donde denunciarán la “criminalización” de la ayuda humanitaria ante el “drama” del Mar Mediterráneo.