“Lo que más sorprende es que las mujeres no viven la ablación del clítoris como una práctica dolorosa, como una castración, sino como una fiesta, una tradición. No son conscientes de los problemas graves que causa”. Lo explica Rosa Rivas, trabajadora social de los Equipos Básicos de Atención Social de Santa Coloma de Gramenet, municipio que en el 2015 inició un programa integral de prevención y atención a la mutilación genital femenina (MGF),

En el Día Internacional de Tolerancia Cero a la MGF, la experta constata que este plan está dando visibilidad a una problemática que antes nunca se abordaba, aumentando el interés en la detección, atención y prevención de la agresión. El proyecto, en el marco de un convenio con la Fundació Wassu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). ha incluido la formación de 191 profesionales de 10 servicios (salud, educación, trabajadores sociales…) para abordar de forma transversal y multidisciplinar la erradicación de la práctica. “Impresiona ver en los reportajes niñas pequeñas que la sufren”, subraya la trabajadora social. 

Cuenta Rivas que la estrategia de la prevención se realiza a partir del vínculo que se establece con las mujeres y las familias a raíz de otras demandas sociales. “Es un tema muy delicado y por ello es fundamental tener confianza con la familia para poder incorporar con mucho cuidado y respeto un problema que afecta a su intimidad. Lo abordamos de forma individual, nunca colectivamente. Hay que pensar que para ellos la ablación no significa lo mismo que para nosotros”. 

El componente cultural pesa mucho, y hay que ir con tiento para darles a entender las graves consecuencias de esas accciones, recalca la experta. “A parte de los perjuicios para la salud, les informamos de las sanciones punitivas”, agrega Rivas.

En este sentido este mes de enero el Consejo General del Poder Judicial dictó que los casos de mutilación genital se contabilicen como violencia de género. La ley castiga la práctica, aunque se realice fuera de España, y los padres pueden ir a la cárcel entre 6 y 12 años y perder la custodia de sus hijas. “Aquí no hemos detectado ningún caso en que se haya cometido. Estamos en el buen camino y solo falta que el programa se extienda a más profesionales y por todo el territorio”, prosigue Rivas. 

El plan municipal de Santa Coloma responde a una “multiculturalidad” que, en palabras de la alcaldesa, Núria Parlon,  “enriquece a la comunidad” y a la vez les lleva a “abordar de forma preventiva problemas de raíz tradicional y cultural que atentan contra los derechos humanos; prácticas aberrantes como la ablación”.

En la ciudad viven 352 mujeres procedentes de países que practican la mutilación genital femenina, de las que 102 son niñas de 0 a 14 años. Las principales nacionalidades de estos residentes son Nigeria (con un 27% de prevalencia de MGF en el origen), Ghana (4%), Egipto (95%) y Senegal (28%).

“No queremos estigmatizar, estos datos no significan que todas esas mujeres sufran la mutilación o estén en riesgo de padecerla, pero consideramos fundamental sensibilizar y prevenir a esa población susceptible de practicarlo cuando viajan a sus países. Las madres no son conscientes de los problemas de salud que esos actos comportan a sus hijas”, expone Parlon.

Aparte del trabajo en este particular ámbito de la ablación femenina, Santa Coloma de Gramenet dará un paso de gigante a favor de los derechos y el empoderamiento de las mujeres con la apertura, prevista para el 2019, de La Ciba, un centro de recursos para mujeres, y espacio de innovación y economía feminista. Serán 5.200 metros cuadrados –la antigua fábrica farmacéutica Ciba – Geigy– destinados al objetivo de “mejorar las oportunidades de las mujeres, que son las que más sufren la pobreza; empoderarlas en todos los ámbitos de la vida”, expone la alcaldesa. "La intención es promover una sociedad igualitaria y feminista", resume Parlon.