Continúa la racha positiva de la demanda de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en Gipuzkoa, el principal subsidio contra la pobreza y referencia a la hora de testar la buena o mala salud económica de los hogares. Tras un 2017 que se cerró con la mayor caída desde la crisis, enero ha seguido la senda con un retroceso del 0,5% en el número de perceptores, que se quedaron en 14.047 en el territorio (59.914 en total en Euskadi). Lanbide encadena doce meses a la baja en la demanda de la ayuda social, una evolución solo rota en noviembre, cuando creció ligeramente la lista de perceptores, lo que hizo contener el aliento hasta el respiro concedido de nuevo en los siguientes meses y que ahora se quiere consolidar.

La RGI ha dejado de ser necesaria para casi mil personas en Gipuzkoa en el último año, si bien persisten los nubarrones que recuerdan que la sombra de la crisis es aún muy alargada. El fenómeno de los trabajadores pobres se mantiene y no tiene visos de que vaya a retroceder. En Gipuzkoa, 2.998 perceptores de la ayuda social son trabajadores que completan su bajo salario con la prestación, para así alcanzar unos ingresos mínimos que le permitan sortear el umbral de pobreza. Suponen ya el 21,3% de la demanda total de la prestación, un peso que ha ido escalando en los últimos años. El sistema de ayudas fue diseñado para incluir esos estímulos al empleo, precisamente para evitar la llamada ‘trampa de la pobreza’, esto es, que los titulares prefieran estar cobrando la ayuda que dar el salto a un trabajo. La baja empleabilidad de los perceptores no obedece de hecho al sistema, sino a las características educativas y sociales de los perceptores, concluyó un informe de la catedrática de Economía de la UPV/EHU Sara de la Rica. La mayoría de ellos tienen una baja formación educativa y además son parados de larga duración, lo que les hace candidatos más complejos para encontrar un empleo, en un mercado cada vez más competitivo.
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Cuenta atrás para la reforma

El nuevo descenso en la demanda de la RGI llega en la cuenta atrás para la reforma del sistema de garantía de ingresos. El Gobierno Vasco presentó el año pasado su propuesta y, tras escuchar las peticiones de asociaciones del Tercer Sector, se presta ahora a elaborar el proyecto de ley. El compromiso es presentarlo este primer trimestre, un plazo arrancado a petición de la oposición, para que los cambios puedan entrar en vigor antes de final de la legislatura en 2020.

La aritmética parlamentaria no es obstáculo para sacar adelante la propuesta en la Cámara vasca, ya que PNV y PSE tienen mayoría suficiente, pero la intención manifestada por el ejecutivo bipartito ha sido la de lograr el mayor consenso político posible en torno a un proyecto ‘de país’, como lo es el sistema de protección social, para alejarlo del habitual foco de debates y polémicas. Gestado a finales de los años ochenta, la intención es actualizar el modelo y responder a las nuevas necesidades de ayuda, con especial énfasis en las familias pobres con hijos a su cargo.