El controvertido documento que el gobierno de Ada Colau ha ideado para evitar que personas sin papeles ingresen en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y frenar así que sean deportados a su país ya es una realidad. Aunque todavía no se ha expedido ninguno, desde principios de diciembre más de 450 personas se han interesado por este carné y están en trámites para conseguirlo, según explican a ABC fuentes del Ayuntamiento.

Los candidatos a tener este «documento de vecindad», tal y como lo nombra el consistorio, lo han solicitado con hora previa en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) y ya han sido entrevistados en una segunda fase por técnicos municipales, a quienes les han dado detalles y documentos sobre su arraigo en la ciudad. Ahora, se está corroborando la información, comprobando la documentación presentada y ultimando un informe de cada caso para entregar, o no, el carné.

Goteo de peticiones
Aunque el Ayuntamiento quiere evitar hablar de un alud de peticiones, lo cierto es que sus OACs, donde se expide el documento, han atendido desde que se puso en marcha la iniciativa, ahora hace dos meses, a mucha gente. Los interesados llegan, cuentan fuentes municipales, con la principal incertidumbre de si pueden optar a este documento y también cuál es su uso.

Tal es así que, para clarificar más los objetivos de este trámite así como las condiciones y requisitos, el Ayuntamiento ha reforzado las reuniones con entidades del sector para que éstas orienten a los inmigrantes sobre la utilidad de esta herramienta. Esta misma semana la comisionada de Inmigración de Barcelona, Lola López, lo estuvo explicando ante una asociación barcelonesa de hondureños. Uno de los mensajes que quiere dejar más claro el Consistorio es que el carné no es una salvaguarda legal y que no se puede garantizar que sea efectivo para evitar una entrada al CIE si lo dictamina un juez.

Para dar fe de este arraigo, los candidatos tiene que acreditar como mínimo llevar 12 meses en España y medio año empadronado en Barcelona. Además, deben ser mayores de edad, presentar vínculos familiares, vida laboral, estudios o implicación en actos de participación ciudadana.

Los primeros expedientes abiertos están acabándose de redactar y en breve empezarán a entregarse estos documentos. En todo caso, cuando ya estén en la calle, será la justicia la que dará la eficacia, o no, de este documento para no quedar internados en el CIE.