La investigación policial permanece abierta hasta que los agentes localicen y liberen a todas las jóvenes que tienen identificadas para poder ofrecerles los derechos que les asisten como víctimas de trata, según ha informado hoy en rueda de prensa el inspector jefe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de Madrid, Pedro Bernardo.

La labor policial ha sido posible gracias a las declaraciones de 9 de las 16 mujeres nigerianas obligadas a ejercer la prostitución callejera en la zona de Plaza Roma de Zaragoza, ya que su testificación permitió abrir la vía judicial en mayo del año pasado.

Estas mujeres, de entre 17 y 25 años, eran captadas en su país de origen aprovechando su precaria situación económica y obligadas a prostituirse bajo amenazas y coacciones hasta que saldaran su deuda, comprendida entre 40.000 y 60.000 euros, ha explicado el inspector jefe de la sección de Extranjería de Zaragoza, Carlos Salicio, durante la presentación de la operación policial.

Todas ellas eran sometidas a largas jornadas de explotación en la calle hasta altas horas de la madrugada y bajo condiciones higiénicas sanitarias precarias y expuestas a todo tipo de peligros, han señalado fuentes policiales.

El dinero obtenido de su explotación sexual debían entregarlo a su madama, una mujer que también sufrió este tipo de explotación en el pasado y que, después de pagar la deuda contraída, ocupaba este puesto de control de las nuevas víctimas dentro de la organización criminal.

Las víctimas estaban “controladísimas” y vivían sometidas bajo un juramento vudú – juju por el que se comprometían a no denunciar a sus explotadores y a pagar la deuda contraída, ha apuntado el jefe del grupo primero de la Brigada de Extranjería de Zaragoza, Miguel Abad.