.(Efe.) – El Gobierno español estudia un programa de microcréditos para ayudar a los inmigrantes iberoamericanos que deseen volver a sus países de origen, desde España o la Unión Europea, y poner en marcha un negocio. Así lo adelantó ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en su gira por varios países americanos, en la que presentará el futuro estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior a la comunidad emigrante.
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Caldera apuntó que se ha comprometido a presentar una primera propuesta de este plan de microcréditos en la cumbre sobre Inmigración que se celebrará en julio en Madrid. El objetivo, en el que trabaja con el titular de la secretaría general para Iberoamérica, Enrique Iglesias, es buscar fuentes de financiación, a través de bancos, con apoyo de la Administración, para constituir un “fondo razonable” con el que apoyar a los inmigrantes iberoamericanos que retornen a sus países con una capacitación profesional y posibilidades de iniciar un negocio.
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Según Caldera, quien confió en que el programa se pueda aprobar en la cumbre Iberoamericana de Uruguay, los microcréditos supondrían un refuerzo para el tejido económico y social de los países de origen. De hecho, éste fue uno de los asuntos que abordó en su entrevista con el presidente venezolano, Hugo Chávez.
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El ministro explicó también que Chávez se ha comprometido a resolver “con la máxima urgencia”, mediante indemnizaciones “justas y razonables”, el problema de los residentes españoles en Venezuela que han visto sus tierras invadidas.
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El ministro de Trabajo partía ayer hacia Buenos Aires, donde tiene previsto entrevistarse con los ministros argentinos de Salud, Ginés González, y de Trabajo, Carlos Alfonso Tomada. Uno de los objetivos de su visita a Argentina, donde viven más de 266.000 españoles, es desarrollar el convenio de asistencia sanitaria para mayores de 65 años que cuentan con pocos recursos, de modo que a final de año puedan ser atendidas 27.000 personas.
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Con el nuevo estatuto del emigrante, aseguró Caldera, el Gobierno quiere poner en marcha una “política integral” para la emigración en un momento en el que el desarrollo económico y social de España permite atender el coste material y económico que supone la ley.
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