La dificultad para encontrar un trabajo estable es una de las principales causas del aumento de las personas, en situación irregular, que se acercan al servicio de información para trabajadores extranjeros de Comisiones Obreras (CITE). Estos centros, distribuidos a lo largo y ancho de la geografía catalana, atienden de manera creciente a personas que intentan solicitar información para acogerse al régimen de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales y arraigo social.

El coordinador del CITE, Carles Bertran Bruguera, ha presentado este lunes la memoria 2017 haciendo hincapié en las dificultades para acogerse a la normativa y obtener la autorización para trabajar legalmente en el país. Concretamente ha incidido en la dificultad de conseguir un contrato de trabajo de un año a jornada completa, requisito necesario pero no suficiente, de acuerdo con la ley vigente.
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Culpando a los “efectos de la crisis”, Bertrán también ha confirmado la tendencia creciente de trabajo irregular que se sitúa en 58,7% de las consultas y se mantiene por encima del 50% desde hace seis años, es decir, aquellas personas con autorización para trabajar, o no, que lo hacen sin contrato. Esto se puede explicar como consecuencia del círculo vicioso que se crea por no poder acceder al régimen de residencia legal, producto, a la vez, de la irregularidad laboral.
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Las mujeres, que en su mayoría se emplean en servicios domésticos, lideran el trabajo irregular (60% de las consultas), donde CC OO “hace mucho tiempo que reivindica unas condiciones laborales dignas para este colectivo”. Concretamente reclama la ratificación, por parte de España, del convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que entró en vigor el 5 de septiembre de 2013, y que cuenta, hoy por hoy, con la ratificación de cinco estados de la Unión Europea (Alemania, Bélgica, Irlanda, Italia, y Finlandia), además de Suiza. Más allá de “la firma inmediata por parte del Estado del convenio”, desde el sindicato reclaman “la equiparación de los derechos y las condiciones laborales de estas trabajadoras al resto de trabajadores adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, así como la mejora del sistema de inspección laboral que permita la consolidación de la legislación vigente y la mejora del control de su cumplimiento”.

Para atajar esta situación desde la CC OO de Cataluña reclaman, “de manera urgente”, a la Delegación del Gobierno, que promueva las medidas necesarias para “flexibilizar los procedimientos de acceso y el mantenimiento de la regularidad administrativa, mientras dure la actual situación de crisis”, ya que entienden que la “segregación legal comporta, de manera ineludible, una segregación laboral, residencial y social”.