La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado este martes que las autoridades gestionan “sin criterio” la llegada de nuevos inmigrantes según el número de personas o el destino. Una vez rescatadas, “pasan a disposición de Guardia Civil y Policía Nacional como detenidos” y se internan “sistemáticamente” en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o en otro tipo de instalaciones, explica la ONG. En una segunda etapa, a menudo se procede a la expulsión o puesta en libertad de los migrantes “sin tener en cuenta su situación individual”. CEAR denuncia que en muchos casos no se cumple el reconocimiento adecuado de menores o víctimas de trata y no se facilita la información necesaria para pedir asilo ni el acceso a los abogados y a los intérpretes previsto por la ley para gestionar su situación administrativa.

“La improvisación se ha impuesto como una forma de actuación en el Estado español en cuanto a la acogida de personas migrantes”, sostiene Estrella Galán, secretaria general de CEAR. En la presentación del informe Los muros invisibles tras la frontera sur, que estudia los procedimientos de rescate y acogidas en distintos puertos de Andalucía y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en 2017, Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de la ONG, ha subrayado que el tipo de procedimiento que se aplica puede variar según la hora, el puerto y el personal disponible en cada destino. En la presentación se ha recordado que más de 28.000 personas han llegado por mar o por vía terrestre a España en 2017.

En cualquier caso los migrantes se detienen durante 72 horas por disposición judicial en un CIE o en calabozos, explica Favieres. La directora de campañas de CEAR critica las condiciones de las instalaciones portuarias donde desembarcan los migrantes y de los centros de detención, que en algunos casos llegan a ser “insalubres”, según cuenta. “En Málaga hay un centro de detención subterráneo, con falta de iluminación. En Motril, en Almería y en Algeciras se interna a familias con menores”, ha añadido. Tras la detención, el futuro de los inmigrantes puede tomar distintos caminos, según “el momento, la disponibilidad de plazas en los CIE o la nacionalidad de los migrantes”, en palabras de Galán y Favieres. “Es una suerte de lotería”, concluye la secretaria general de la ONG.

“Nos hemos encontrado graves obstáculos para prestar una atención jurídica de calidad”, denuncia Favieres. CEAR ha notado que en muchos lugares de acogida hay dificultades de acceso de los abogados para entrevistarse con las personas que han llegado y los procedimientos de los jueces varían según el juzgado. Los letrados se suelen reunir con los migrantes de forma colectiva y a veces también son colectivas las comparecencias ante el juez, según Favieres. La directora de campañas de la ONG denuncia que en algunos casos se usan autos de internamiento “tipo”, “lo cual es de una gravedad impresionante”, afirma.

La puesta a disposición de intérpretes para traducir información a los idiomas nativos de los inmigrantes depende de la disponibilidad del personal y en ocasiones se pide este servicio a alguno de los compañeros de viaje, según ha observado en el terreno CEAR. Esto “resulta extremadamente problemático en el caso de mujeres potenciales víctimas de trata que pueden viajar con sus tratantes”, advierte la ONG. Pese a que muchas de las mujeres que llegan a España podrían ser víctimas de una red de prostitución, su identificación “en Almería, Málaga, Motril y Cádiz (Algeciras y Tarifa) es prácticamente nula”, señala el informe Los muros invisibles tras la frontera sur.

Muchas veces no se proporciona la información adecuada para solicitar asilo, denuncia CEAR. Favieres sostiene que, cuando sí se empieza el trámite para la petición de protección internacional, se varía aleatoriamente entre el procedimiento “en frontera, más acelerado y menos garantista” y el procedimiento “en territorio”. “Se han observado graves carencias en la identificación temprana de personas con necesidades especiales antes de su puesta a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, añade la ONG.

El año pasado se batió el récord de llegadas a la península desde que hay registros. A lo largo de 2017 han arribado a las costas del país 22.103 migrantes y 193 han fallecido durante el viaje, según los datos de ACNUR. La ruta hacia España es la tercera por número de migrantes tras la italiana y la griega, con un aumento de un 165% de llegadas con respecto al año anterior. En todo el Mediterráneo se han contabilizado más de 170.000 llegadas y al menos 3.100 muertes, según la Organización Internacional para las Migraciones.