Nueva York – Pagar una multa de 2.000 dólares, ponerse al día con Hacienda,
aprender inglés, someterse a una inspección criminal, haber estado en el
país más de cinco años y comprometerse a trabajar durante los próximos
once en EE UU. Estas son las seis paradas en el camino de los inmigrantes
ilegales para lograr su normalización en la «tierra prometida» que ayer
marcó el Senado norteamericano. Al final del duro trayecto, se calcula que
siete millones de inmigrantes ilegales podrán acogerse a esta medida, que
les abrirá el acceso a la ciudadanía estadounidense.
   Oposición. El anuncio llegó ayer por boca de los senadores de la Cámara
Alta después de los intensos debates y discusiones de los últimos días,
que han tenido como sonido de fondo las protestas de cientos de miles de
inmigrantes en las calles de las principales ciudades del país y la
amenaza de un día de «parón» general. En el texto aprobado se contempla el
programa temporal de trabajo que respalda el propio presidente de Estados
Unidos, George W. Bush, que al cierrre de esta edición aún no había hecho
pública su previsible satisfacción por el acuerdo.
   El
representante de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, los
senadores republicanos Mel Martínez, John McCain y Chuck Hagel, por los
Estados de Florida, Arizona y Nebraska, respectivamente, y el senador
demócrata por el Estado de Massachussets Edward M. Kennedy, fueron los
encargados de comparecer ante los medios de comunicación para anunciar el
complicado pacto sobre inmigración.
   «Todavía tenemos obstáculos
en el camino», reconoció McCain, mientras que Frist hacía hincapié en que
«tenemos una gran oportunidad para dar al pueblo estadounidense lo que
espera, lo que merece». No obstante, el Senado ya había dado «luz verde»
al programa temporal de trabajo, destinado a normalizar la situación de
siete de los doce millones de inmigrantes ilegales que hay en EE UU y
representan el cinco por ciento del mercado laboral en este país. Ahora
resta que el Congreso haga encajar esta decisión con la ley aprobada en la
Cámara de Representantes el pasado diciembre, en virtud de la que se
criminalizaba estar y trabajar de forma ilegal en EE UU.
   «Caso
Plame». En otro orden cosas, Lewis Libby, ex jefe de Gabinete del
vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, aseguró ayer un Gran Jurado
que fue Bush quien autorizó la filtración de información confidencial
sobre la agente de la CIA Valery Plame en medio de los debates sobre la
invasión de Iraq. Esta investigación comenzó a partir de que Libby
revelase a la periodista Judith Miller del diario «The New York Times» que
Valerie Plame, esposa de un embajador estadounidense crítico con la
invasión de Iraq, era una espía de la CIA. Bush aseguró que las torturas
en la cárcel de Abu Ghraib fueron «una experiencia vergonzosa» y un hecho
que ha concedido al país mala imagen internacional.