TRAS una agria polémica, republicanos y demócratas llegaron ayer en el Senado de Estados Unidos a un acuerdo para legalizar a los indocumentados que permanecen en el país desde hace más de cinco años, una solución de compromiso después de que la Cámara echara abajo un proyecto de ley sustancialmente más ambicioso y que pretendía resolver la situación de los inmigrantes sin papeles que llegaron antes de enero de 2004. El problema se plantea ahora para todos aquellos extranjeros sin documentación que, llevando más de dos años en el país, pero menos de cinco, se verán obligados a regresar a sus respectivas naciones de origen, solicitar su ingreso en un programa de trabajadores temporales y regresar después legalmente. El enfrentamiento entre republicanos – que veían la propuesta inicial como una «amnistía encubierta» – y los demócratas – que la defendían por ser la única solución viable a la presencia de doce millones de inmigrantes indocumentados – se saldó finalmente con un consenso que no colma las aspiraciones de ninguno, pero que, al menos, sirve para seguir negociando un proyecto de ley de inmigración más amplio y tratar de resolver una situación, enquistada en el tiempo, que se ha convertido en uno de los principales problemas para la sociedad norteamericana.