Entre el 18 y el 19 de noviembre llegaron a las costas de Murcia 49 pateras en las que viajaban un total 519 personas extranjeras, muchas de ellas de origen argelino. El lunes 20 de noviembre el Gobierno anunció que habilitaría 7 juzgados para encargarse en exclusiva de este asunto y poder juzgar con la mayor celeridad a los extranjeros. Los mayores de edad, excepto aquellos cuya solicitud de asilo hubiera sido aceptada a trámite, serían devueltos. Mientras se ejecutara o no esa devolución, las personas extranjeras esperarían en un centro que debería estar habilitado para acogerlas durante dicha espera, un CIE, pero en ningún caso podrán estar más de 60 días en él. Transcurrido ese plazo máximo deberían ser puestas en libertad. Ese mismo día 20, el Gobierno anunció que no disponía de un centro adecuado para acoger a tanta gente y que, de forma excepcional, iba a utilizar una cárcel situada en Archidona, que no había sido inaugurada, para albergar a los extranjeros que esperan a ser devueltos.

Todo lo que está pasando en la cárcel de Archidona, aparte de contener una gran cantidad de ilegalidades, es una absoluta aberración. Denota un desprecio profundo por la vida de más de medio millar de personas por parte de nuestro Gobierno. Aceptar que en España se trate así a ciudadanos de otros países por haber venido sin la documentación adecuada es como aceptar que Estados Unidos trate así a los españoles que se queden sin Green Card, por poner un ejemplo.

¿Es posible que hayamos llegado a un nivel de deshumanización en este país que vayamos a permitir que todo esto que está pasando siga sucediendo y el Gobierno no tenga que responder ante este atropello? Si es el caso nos mereceremos todo lo malo que les pase a nuestros hijos que serán los que reciban este legado envenenado.