La Plataforma Trabajo Sexual y Convivencia (PTSC) ha presentado una denuncia ante la Oficina para lo No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona en la que asegura que las prostitutas están siendo objeto de “acoso, coacción y represión” por parte de la Guardia Urbana y de los Mossos d´Esquadra. En un comunicado, esta entidad denuncia que los agentes imponen “sanciones arbitrarias” a las trabajadoras sexuales, por el simple hecho de encontrarse en la vía pública". Este acoso, según la PTSC, tiene lugar pasando por alto los supuestos sancionables recogidos en la ordenanza sobre el civismo y “vulnera los derechos más elementales de las personas que ejercen prostitución”. Ambos cuerpos policiales han declinado comentar estas acusaciones.
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Junto a la denuncia, la plataforma ha adjuntado un informe en el que se detallan los “abusos” producidos en los primeros tres meses de aplicación de la ordenanza. En el texto se asegura que se han recurrido unas 300 multas, que han sido alegadas jurídicamente, “ya que la gran mayoría han sido interpuestas de forma arbitraria y sin que se haya realizado alguna de las conductas prohibidas”.
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Según el informe de la PTSC, la Guardia Urbana ha impuesto multas a mujeres “por encontrarse dentro de un café en las zonas donde se realiza trabajo sexual, por estar sentadas en algún banco de la misma zona, por estar reunidas en la calle, entrando o saliendo de su domicilio y caminando por estas zonas o esperando el transporte público”. También se asegura que tanto urbanos como mossos “han amenazado a estas personas con llevarlas a comisaría si no firmaban las multas, decomisarles el dinero que tuvieran, deportarlas, retenerles el pasaporte o llevarlas al centro de la comisaría de la Verneda”.
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“Como las multas pierden efectividad como elemento coercitivo”, los agentes usan otros mecanismos “que se encuentran en el límite de la constitucionalidad”, añade el informe. Entre estos mecanismos se cita que policías de paisano se hacen pasar por clientes para detectar a las prostitutas y multarlas"; se hacen “registros injustificados” ; los agentes entran en los pisos donde se ejerce el trabajo sexual “y amenazan con tirar la puerta si no abren” o que anotan los datos personales de las mujeres en libretas.
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La plataforma cree que se está produciendo una situación de “indefensión” que, según ellas, es aprovechada por personas que “haciéndose pasar por agentes de los cuerpos de seguridad exigen servicios sexuales coaccionados sin remuneración u ofrecen tramitación de papeles a cambio de dinero”. Los Mossos y la Guardia Urbana, continúa el documento, “están actuando de forma arbitraria y discriminatoria, excediendo tanto el ámbito de aplicación de la normativa, que es exclusivamente la vía pública”.
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