. – La dramática muerte de seis emigrantes bolivianos, atrapados por el fuego y el derrumbe posterior de la planta superior del edificio en el que trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas, ha destapado la siniestra trama de trabajo ilegal, repartida en algunos de los más populosos barrios de Buenos Aires. Ayer, miles de bolivianos colapsaron el tráfico en el barrio de Flores exigiendo mejoras en sus condiciones de vida y trabajo.
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Habituados a los cortes de tráfico, que provocan descomunales atascos en la circulación, los bonaerenses aceptaban ayer con paciente comprensión los inconvenientes y molestias sufridas por una protesta de sobras justificada. El próximo fin de semana, representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de Bolivia llegarán a la capital argentina para negociar con las autoridades la manera de acabar con las prácticas laborales “siniestras y salvajes” denunciadas por el alcalde de Buenos Aires, Jorge Telerman.
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El fuego estalló a las cinco de la tarde del pasado domingo, por causas aún no determinadas, pero que podrían atribuirse al incendio de alguna de las precarias cocinas en las que los trabajadores esclavos preparaban sus magras pitanzas. En pocos minutos, las llamas prendieron en los materiales textiles, amontonados por todas partes, y causaron una densa humareda y el posterior derrumbamiento de la planta superior del edificio. Cuando los bomberos consiguieron controlar el siniestro, los cuerpos calcinados de cuatro niños, de 3 a 15 años, y de dos adultos fueron hallados entre los restos humeantes.
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Los bolivianos, indocumentados en su mayoría, que son explotados en los más de 400 talleres que se suponen ubicados, principalmente, en los barrios de Flores y Caballito, en el corazón de la capital porteña, viven en condiciones infrahumanas. En el edificio siniestrado, en la calle Luis Viale, se calcula que vivían unas setenta familias, que disponían de un solo sanitario químico y dormían hacinados en insalubres dormitorios comunes. Hombres, mujeres y niños vivían y trabajaban en las dependencias del local, que contaba con licencia para ejercer de taller de bordados. Allí se fabricaban a diario cientos de prendas truchas,con marcas falsificadas y de bajo coste, que luego eran vendidas en los comercios de la capital argentina.
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Atrapados en su país de origen con promesas de trabajo y engaños (muchos bolivianos pensaban que un peso equivalía a un dólar), despojados a menudo de sus documentos, los bolivianos soportan jornadas de trabajo que comienzan a las 7 de la mañana y terminan a las 10 de la noche.
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Quince horas con un implacable ritmo de producción, por el que no perciben más allá de 300 pesos mensuales.
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Apenas informado del incendio, el alcalde Telerman se desplazó al lugar del siniestro, para seguir de cerca los trabajos de extinción y rescate. El recuerdo de la tragedia de la discoteca Cromañón, donde murieron 194 jóvenes y niños, algunos, bebés de pocos meses, en diciembre del 2004, acaba de costar el cargo a su antecesor, Aníbal Ibarra, y Telerman no está dispuesto a que le suceda algo parecido.
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Es difícil pensar que las autoridades no estaban previamente informadas de la existencia de estos talleres, donde se explota a seres humanos, sin ningún respeto a sus derechos más elementales. Unex funcionario de Migraciones ha declarado que su departamento carecía de inspectores para controlar esas instalaciones, pero el ministro del Interior, Aníbal Fernández, le ha desmentido de manera tajante. La sospecha de sobornos a los agentes policiales planea también, pero hasta ahora no hay ninguna prueba fehaciente. “El Gobierno nacional se halla en estado de alerta máxima”, ha declarado el ministro, para afirmar a continuación que “el policía que cobre debe ir preso”.
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