El presidente nacional del sindicato mayoritario de prisiones, Acaip, José Luis Pascual, ha advertido este martes de que “la incertidumbre es intolerable” en la situación del centro penitenciario de Archidona (Málaga), con los inmigrantes que “están donde no deberían” y pendiente del traslado de unos 300 funcionarios de prisiones a dicho centro, tras publicarse a principios de este mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y de presos de la cárcel “masificada” de Córdoba.

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa en Córdoba con motivo de una de las tres reuniones territoriales que desarrolla el sindicato para analizar “la caótica e insostenible situación de colapso” que vive la Institución Penitenciaria en el país, con la presencia de los responsables provinciales del sindicato en Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Ceuta y Melilla, además de los miembros de la ejecutiva nacional de Acaip.

De este modo, Pascual ha subrayado que “Córdoba es uno de los centros con mayor masificación del país, con 1.353 internos en 1.008 celdas”, y mientras “al lado hay un centro terminado hace tres años y actualmente sigue sin inaugurar, como Archidona”, que cuenta con otras 1.008 celdas y “se ha cambiado del destino, al albergar a 600, 700 u 800 inmigrantes ilegales”, puesto que “no se sabe el número”, ha apostillado.

En su opinión, supone “una incongruencia y falta de planificación que lleva a la decadencia del sistema”, cuando ha costado “150 millones de euros y ha desaparecido del plantel de centros penitenciarios”, a lo que ha añadido que “el día 6 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución del concurso de traslados”.

Sin embargo, ha criticado que “se ha cambiado el uso, sin ninguna resolución ni publicación oficial que ampare que los trabajadores que han sido, en muchos casos, cesados de sus puestos de origen sepan a dónde tienen que ir”, por lo que “la falta de coherencia en el trabajo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha conllevado que cientos de familias distribuidas por todo el país no puedan contar con una planificación lógica para sus vidas”, ha argumentado.

Igualmente, ha remarcado que el centro penitenciario de Córdoba espera la apertura de Archidona ante “la masificación que conlleva un aumento de incidentes graves”. Así, ha detallado que en el último año Córdoba ha tenido “ocho agresiones” y en los últimos cinco años “60 agresiones”, todas ellas a funcionarios y “según datos oficiales, que no son todos los incidentes que pasan”, ha insistido.

Al respecto, ha comentado que “hay más de 4.000 presos malagueños fuera de la provincia y esperan su traslado”, que en el caso de la cárcel de Córdoba “ya se dijo que se aliviaría con la apertura de Archidona para mediados de diciembre”, ha aseverado el sindicalista.

Asimismo, José Luis Pascual ha reprochado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, “asuste al decir que quiere que los centros de internamiento de extranjeros sean atendidos por funcionarios civiles del Estado”, algo que ha calificado de “inaceptable”, de modo “no se va a tolerar ni asumir bajo ningún concepto la gestión de estos centros por empleados de instituciones penitenciarias”, ha asegurado.

Cabe recordar que el sindicato de prisiones Acaip ha registrado denuncias en los juzgados de Vera (Almería) y de Archidona (Málaga) en relación con el ingreso de los migrantes llegados en los últimos días en pateras a las costas españolas en la cárcel de esta última localidad.

REIVINDICACIONES DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES

En cuanto a otras reivindicaciones, el representante del sindicato ha manifestado que la Institución Penitenciaria tiene “una carencia de personal de más de 3.500 trabajadores, que significa que el 15% de las plazas a nivel nacional están vacantes”, por lo que “el servicio público se ve deteriorado”, ha lamentado, para agregar que en el caso de Córdoba “hay más de 50 plazas vacantes”.

Además, ha citado que en el último mes en todo el país ha habido “17 incidentes graves y tres muy graves” y ha criticado que “el remanente de productividad de todo el colectivo de prisiones sea entregado a los mandos designados por libre designación, 1,1 millones de euros repartidos entre amigos y dejando a 23.000 trabajadores del colectivo al margen del reparto”, de ahí que defiendan “recuperar el poder adquisitivo de los últimos años”, entre otros aspectos sobre los que ha advertido, como los educadores que “hacen falta”.

Mientras, ha subrayado “la decadencia” del sistema penitenciario con “el nepotismo instalado en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias” ante “la ristra de actuaciones penales” que el sindicato ha tenido que llevar a cabo en los últimos meses, como con el concurso de traslados de 3.500 plazas con “un escándalo mayúsculo” que el Ministerio del Interior ha protagonizado con “la creación de puestos de trabajo ‘ad-hoc’ para colocar a funcionarios a dedo”, y “la asignación de las ayudas de acción social”.