El sindicato de prisiones Acaip ha presentado dos denuncias penales ante los juzgados de Archidona (Málaga) y Vera (Almería) para “solventar la intolerable situación” que supone el internamiento de inmigrantes en un centro penitenciario y exigir su puesta en libertad.

El mantenimiento en la futura cárcel de Archidona de los inmigrantes llegados a las costas de Murcia y Almería se produce “en contra de los mandamientos judiciales que ordenaban el internamiento precisamente en un centro que no fuera penitenciario”, argumenta Acaip.

A día de hoy, según han precisado a Efe fuentes de Interior, 507 personas (todos hombres y de origen argelino) permanecen en ese recinto, cuya inauguración como presidio está prevista para enero de 2018.

Las fuentes han recalcado que se decidió el traslado a Archidona porque la ocupación en los demás Centros de Internamiento de Extranjeros no daba ningún margen y que, a medida que se liberan plazas, se van realojando en los CIEs existentes.

De hecho, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, señaló ayer que de los 128 últimos inmigrantes que habían llegado a sus costas desde el pasado lunes, 44 serían llevados al CIE de Aluche, en Madrid, y el resto a otros centros del resto de España.

El presidente de Acaip, José Luis Pascual, ha explicado en un comunicado que la denuncia registrada ante el Juzgado de Archidona se presenta ante un posible delito de detenciones ilegales, y en ella se pide como medida cautelar la puesta en libertad de los ciudadanos detenidos ilegalmente en el centro penitenciario de la localidad.

En el documento presentado ante el Juzgado de Vera, el sindicato plantea la comisión de los delitos de estafa procesal, falsificación de documentos públicos y de desobediencia.

Se alude al “dato falso” que contraviene lo dispuesto en el auto que permitió el ingreso, puesto que en Archidona no hay un centro no penitenciario de internamiento de extranjeros adjunto a la Jefatura Superior de Policía, sino un centro penitenciario.

En este sentido, el sindicato considera acreditado que se ha ordenado el internamiento de los inmigrantes en un centro no penitenciario y “se les ha internado precisamente en lo contrario, en un centro penitenciario”.

Según Pascual, “ante el cúmulo de ilegalidades y despropósitos” y la “nula intención” de volver a la normalidad, es necesario depurar las responsabilidades que se pudieran haber cometido.

Con estas denuncias, Acaip pretende “dar respuesta a la imperiosa necesidad de asistir a seres humanos que están siendo sometidos a estar en una prisión, sin haber cometido ningún delito”.

Posteriormente, tiene previsto solventar tanto penal como administrativamente la “ilegal y caótica” situación de los funcionarios a los que el pasado día 6 de noviembre se les adjudicó una plaza en la prisión de Archidona, “puestos de trabajo que ahora no pueden ocupar”.