Santa Cruz de Tenerife

Un repaso al contenido de las 126 resoluciones de todos los grupos parlamentarios que resultaron aprobadas en el reciente Debate sobre el Estado de la Nacionalidad nos proporciona una idea de lo que será el curso político que se inicia y que aparece traspasado por todos sus puntos cardinales por la condición de ser un año preelectoral, el que encaminará a Canarias a las elecciones autonómicas, insulares y locales de 2007.

La urgencia por recolocarse de cara a tal cita electoral es lo que marcará la agenda de todos los partidos políticos, algunos de los cuales – CC y PSC – deberán además afrontar los procesos internos tendentes a definir ya sin muchas vacilaciones ni excusas sus candidaturas a la Presidencia del Gobierno. En el PP, y salvo debacle que no se espera pese a la que está cayendo sobre el partido con los escándalos de corrupción , la candidatura corresponde sin espacio a la deliberación a su presidente, José Manuel Soria.

El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad se ha cerrado pues con la apertura de una carrera contrarreloj en la que, a diferencia de todas las demás ocasiones, todos los corredores corren por libre porque no existe pacto que incomode a ninguno de los partidos para poner sobre el tapete del debate su propio posicionamiento. Los acuerdos se pueden producir a todas las bandas, tal y como ocurrió en las votaciones de las resoluciones del Debate de la Nacionalidad.

Pero tanta libertad puede resultar peligrosa para el Gobierno de CC, que puede verse incapaz de sacar adelante en el Parlamento muchas de aquellas propuestas que no sean estrictamente pactadas y neutras.

Los socialistas han optado por garantizar la estabilidad del Gobierno por el año que resta, pero ello no presupone otra cosa que no permitir que entre en crisis la gestión de los intereses generales. Las veleidades nacionalistas no están incluidas en ese paquete y la mejor muestra de ellos es la derrota a manos de PP y PSC de la propuesta de la resolución de CC que pretendía instar al Gobierno a poner en marcha con carácter inmediato la Policía Autonómica. Con el trágala de los pactos los nacionalistas han presionado en ocasiones al PP y en ocasiones al PSC para aceptar su proyecto de Policía Autonómica, pero ya no existe motivo para que socialistas o populares mantengan promesas en las que nunca creyeron, al menos en los términos que plantea CC.

población y Red Transcanaria. Mientras tanto, los socialistas parecen dispuestos a permitir que el Gobierno nacionalista se entretenga en el análisis de los problemas de la superpoblación, un asunto en el que se estrenan por cuanto hasta la fecha habían negado la mayor, es decir, la propia superpoblación. Con sólo la teórica aceptación por parte del Gobierno central de la creación de una Comisión para estudiar el asunto de la que no se conoce actividad y la aprobación de una serie de resoluciones que abundan en la idea de que es preciso profundizar en esta materia los nacionalistas se dan por satisfechos pero abundan en la idea de que el problema es real y ellos los únicos conscientes y dispuestos a sacar a Canarias de este atolladero. La naturaleza del problema y las circunstancias en las que se produce la reivindicación, con un aluvión de pateras arribando a las costas canarias, invita a que CC coloque un palo en la superpoblación y haga de ella una bandera electoral.

Además, el Ejecutivo nacionalista tendrá ocasión de rentabilizar con fines electorales los planes que el presidente ha puesto sobre la mesa con el fin de promover la movilidad de personas y mercancías y hacer de las islas un espacio y un mercado único. Son el llamado Eje Transinsular y la Red Transcanaria de Transportes.

Ley electoral y Estatuto. Elemento esencial del período que se avecina es la modificación del sistema electoral, cuyo futuro está indisolublemente ligado al buen fin de la reforma del Estatuto de Autonomía. Sin un nuevo Estatuto de Autonomía no será posible el sistema electoral que promueven PSC y PP y que implementa una lista autonómica hasta ahora inexistente de 15 diputados, además de sustanciales rebajas en las barreras regional e insular a partir de las cuales las formaciones políticas acceden a participar en el reparto de escaños. El Consejo Consultivo acaba de dictaminar que la circunscripción regional que promueven PSC y PP en su propuesta encaja en la Constitución. Además, ambos grupos han reafirmado su compromiso por la reforma en una resolución conjunta votada tras el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad comprometiéndose a que la nueva ley electoral salga antes de un año, lo que implica que se aplicará en los próximos comicios siempre y cuando el Estatuto de Autonomía también se apruebe en ese plazo.

Sin embargo, el último posicionamiento emitido por José Manuel Soria lanza un manto de dudas sobre el éxito de una nueva ley electoral. El dirigente popular ha advertido que no dará su visto bueno a un Estatuto de Autonomía que subrogue las competencias insulares a las autonómicas.

El apoyo del PP es esencial para que el PSC saque adelante un nuevo sistema electoral que incluya una circunscripción regional habida cuenta del rechazo frontal de CC a esta propuesta.

A vueltas con la corrupción (Foto: canarias7)AMPLIAR
Intensa. La actividad de los grupos durante este tipo de debates es particularmente intensa, debido a la gran cantidad de propuestas de resolución que presentan.

Año preelectoral, año en el que suelen aflorar denuncias sobre corrupción en uno u otro partido, siempre y cuando éste ostente responsabilidades de Gobierno y por tanto cuente con tal oportunidad. No es el caso, porque los escándalos sobre corrupción ya han estallado de manos de los jueces y a la clase política, que tantas veces se cruzó denuncias mediáticas que nunca llegaron a nada, sólo le queda ahora tratar de hacer un poco de corporativismo y aplicarse a la elaboración de un código ético que obligue a todas las administraciones por igual.

Adán Martín hizo esta propuesta en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad sin duda con la intención de aportar una salida más o menos presentable al estado de opinión pública que han generado los casos Eólo, Amorós y Faycán. Y lo hizo un día antes de que se supiera que el propio Gobierno, Consejería de Infraestructuras y Vivienda, había remitido a la Fiscalía un caso de posible corrupción funcionarial, qué casualidad.

El Código Ético no ha suscitado sin embargo grandes entusiasmos, sobre todo porque las administraciones tienen ya en sus manos los elementos que teóricamente le permitirían bloquear cualquier intento de ejercer prácticas corruptas desde dentro. Pero se pretenden abordar otros aspectos del problema para poner también freno a los poderes económicos que ponen la miel en los labios de cargos públicos y funcionarios de moral débil.

Sea como fuere, la elaboración de tal Código Ético actuará durante este año como un elemento de contrapeso, ciertamente débil, a las actuaciones judiciales que están en marcha y que se esperan en el futuro.

Pendientes de la inmigración (Foto: canarias7)AMPLIAR

El peso que tendrá el debate sobre la inmigración irregular vía pateras u otro tipo de embarcaciones en el año preelectoral que ahora se pone en marcha dependerá de cómo vaya evolucionando este problema, aunque en todo caso se va a mantener presente a lo largo de todo el período habida cuenta de la ausencia de control en ese otro tipo de inmigración que entra en las Islas por sus puertos y aeropuertos.

Las formaciones de Coalición Canaria y Partido Popular han hecho causa común para reclamar a la Administración central socialista una mayor cobertura a la situación que afecta singularmente a las Islas.

Los nacionalistas tienen en esta cuestión un argumento electoral de primera magnitud, por cuanto están explotando el problema en términos de agresión a los recursos, el territorio y la identidad.

Para los populares es una ocasión de dañar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de mantener durante todo el período las espadas en alto.

Mientras tanto, los socialistas tendrán que buscar la manera de solventar su difícil papeleta.