Colapso total en medio de una gran polémica. El Ministerio del Interior ha decidido alojar a cerca de 500 inmigrantes irregulares llegados a Cartagena (Murcia) durante el fin de semana en el Centro Penitenciario Málaga II, situado en la localidad malagueña de Archidona. “El sistema ha colapsado y en lugar de campamentos que pudiéramos montar hemos optado porque esas personas estén en un sitio con calefacción y duchas”, señalaba ayer Juan Ignacio Zoido en una entrevista.

Los argumentos humanitarios expuestos por Zoido son rechazados por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que lo consideran una violación de la legalidad vigente. Arancha Triguero, de Málaga Acoge, asegura que es “una privación de libertad ilegítima porque el Constitucional subrayó que los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) no pueden tener carácter penitenciario”. “Internar a estas personas en una cárcel es un paso más en la criminalización de la población inmigrante”, indican desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Los inmigrantes argelinos trasladados a la cárcel malagueña ayer protagonizaron un episodio desesperante cuando exigieron su libertad a gritos desde las celdas. Querían llamar la atención de la gente que los observaba en el exterior y agitaron camisetas y toallas al tiempo pedían ser liberados.

Según el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, esta decisión de usar la prisión para acoger inmigrantes está avalada por el poder judicial y, por lo tanto, no es unilateral del Ejecutivo. Dice que hasta siete jueces respaldan la medida y que “la manera de proceder ha sido la más adecuada posible frente al escenario actual.

Briones respalda que esta infraestructura es la que mejor se adapta a las necesidades de los inmigrantes, ya que cuenta con garantías de habitabilidad y confort. Eso sí, matiza que es una decisión “absolutamente temporal y excepcional que responde a las necesidades que se han impuesto de manera muy inminente”.

La cárcel de Archidona está terminada desde el año 2013 aunque nunca ha funcionado. La crisis económica impidió que se procediera a la contratación del personal necesario para su puesta en marcha. Tampoco está claro si dispone o no agua de potable ya que, según el Ayuntamiento de la localidad, consta que el ministerio terminó las obras para proveer de agua al recinto, pero en el consistorio todavía no tienen confirmación oficial.

De momento, los centenares de inmigrantes, entre los que se encuentran nueve mujeres, una de ellas embarazada, contarán con la ayuda de personal de Cruz Roja y otras organizaciones. Al menos dos médicos y dos enfermeros están desde el primer momento en el centro penitenciario y las autoridades esperan reforzar esta presencia con al menos un facultativo más. Pese a que asegura que el agua es bebible, de momento se abastecerá al CIE provisional con agua embotellada.

El traslado de los inmigrantes desde Murcia a Archidona ha sido autorizado por siete jueces de diferentes salas, pero la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, señala que en los autos se autoriza su traslado a “un centro no penitenciario de la Policía Local de Archidona. Pero el Centro Penitenciario Málaga II es una cárcel, aunque hasta ahora no se haya utilizado”.

La avalancha de pateras llegadas este fin de semana a Murcia tuvo su precedente en octubre cuando 280 personas arribaron a esa comunidad en 27 embarcaciones. La falta de previsión hizo que se pusiera en libertad a varias de aquellas personas, “lo que ha surtido un evidente efecto llamada”. asegura el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé. Se trata de una medida “excepcional y puntual para responder a una situación muy especial”, añade.

La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, considera que “no es de recibo” trasladar a estos inmigrantes a una cárcel. Exige al Gobierno central “sensibilidad” con este caso y recuerda que la Junta lleva tiempo avisando de que esta problemática iba en aumento.

“Hoy los datos son peores que los que teníamos durante el verano y antes y creo que el Gobierno se tiene que poner las pilas y hablar con aquellos países que en origen son capaces de detener la situación que se está produciendo y luego actuar ya aquí de otra manera”, explicó ayer Díaz durante su viaje institucional en Bruselas.