El 64 % de los andaluces estaría a favor de permitir votar a los inmigrantes en todas las elecciones, según el séptimo estudio de opiniones y actitudes de la población andaluza ante la inmigración (OPIA), una cifra inferior a la de las ediciones anteriores, siempre entre el 70 y el 75 %, como en 2015.

Es uno de los derechos que los andaluces son más reticentes de conceder a los inmigrantes, ya que el 94 % considera que deben tener acceso a la educación en igualdad de condiciones que la población autóctona, 83,27 % está de acuerdo con que cobren el subsidio de desempleo si han trabajado en nuestro país, el 75,35 % aprueba que obtengan la nacionalidad española y el 71,72 % que traigan a su familia.

Sin embargo, desde el último informe OPIA un estudio que desde 2005 realiza bienalmente el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), dependiente de la dirección general de Migraciones de la Junta, la cifra de quienes concederían el derecho a participar en las elecciones a los extranjeros ha bajado diez puntos y salvo en 2011, nunca había bajado del 70 % (en esa edición lo apoyaba el 67 %).

En esta séptima edición, basada en 2.475 entrevistas telefónicas efectuadas entre el 27 de abril y el 17 de mayo de este año y centrada en los posibles cambios en la percepción de los andaluces sobre los inmigrantes ante la progresiva recuperación económica frente a los años de crisis, un 25 % de los encuestados afirma estar en contra de que conceder a los inmigrantes el derecho al voto.

En España el ejercicio del derecho al voto en elecciones generales está vetado para todo extranjero que no haya obtenido la nacionalidad española si bien en los comicios sí pueden votar personas de determinadas nacionalidades que cumplen una serie de requisitos gracias a los acuerdos establecidos con estos países.

Para los autores del informe, que citan a Cea D’Ancona M.A. y Vallés M., “el voto en las elecciones generales tiene para la población una mayor connotación simbólica-ritualista en términos de representación identitaria nacional, lo que puede frenar su reconocimiento del derecho al voto en términos generales”.

En plena crisis de refugiados en Europa, con el compromiso incumplido de España de acoger a 17.000 huidos de conflictos como el de Siria procedentes de los campos de refugiados de Libia o Grecia, el estudio pregunta a los andaluces por su opinión sobre permitir la entrada y dar asilo a estos refugiados y el 73,9 % se muestra partidario de acoger a quienes demuestren ser perseguidos si bien de ellos el 42,58 % apoya dar refugio a todos los que se encuentren en esa situación y un 31,4 % considera que “habría que acoger a un número limitado”.

La opción más abierta de la acogida “sin restricciones” es respaldada or el 15,21 % de los encuestados mientras que en el extremo opuesto se sitúa un 8,9% que rechaza el acogimiento “en ningún caso”.

Pese a que Andalucía es una de las comunidades con menos población inmigrante, el 7 % del total frente al 9,78 % de media estatal (599.879 personas según el último padrón municipal), el 20 % de los encuestados considera que son “demasiados” o “excesivos”, aunque la cifra ha caída respecto a los primeros OPIA cuando la mitad de los encuestados opinaba así.

El 47 % considera que la mayoría está en situación irregular, una prcepción que “sigue aún muy lejos de la realidad de las estadísticas aunque parece que va cambiando lentamente” ya que a diciembre de 2016 los inmigrantes en Andalucía con tarjeta de residencia o certificado de registro eran 711.163 (la cifra supera a los empadronados porque una vez obtenido el permiso de residencia no tienen por qué quedarse a vivir en la comunidad).

El 43 % de los encuestados es partidario de regularizar “sólo a los que tengan contrato laboral” y un 23 % “a los que llevan varios años viviendo en Andalucía” mientras que un 11 % regularizaría a todos y un 9% defiende que todos sean devueltos a sus países de origen, una opción minoritaria pero que ha crecido tres puntos respecto a la edición anterior del OPIA aunque sin alcanzar los niveles de los años de la crisis en los que “llegaron a suponer el 15% de las respuestas”.