El pasado año 770 personas ingresadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) lograron evitar su salida de territorio español “haciendo uso irregular” de la figura de protección internacional al solicitarla “in extremis” justo tras serles comunicada su expulsión, según ha señalado el Gobierno.

Se trata de inmigrantes irregulares que llevaban “meses o incluso años” sin haber solicitado el asilo y sin que su situación personal hubiera variado, especifica el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a los diputados socialistas Antonio Hurtado, David Serrada y Esther Peña, a la que ha tenido acceso Efe.

Los diputados preguntaron al Gobierno sobre datos de deportaciones y resoluciones de expulsión y devolución, tanto de rechazadas como acordadas, y sobre su reducción.

Ante estas preguntas, el Ejecutivo deja claro en primer lugar que el término deportación no se contempla en la legislación de extranjería, donde solo se recogen los de “expulsión”, “devolución” y “readmisión”.

Después entra en el fondo de las preguntas y subraya que la reducción de expulsiones, devoluciones y readmisiones se debe a la disminución del número de inmigrantes irregulares tras la crisis económica, la mejora en el control de las fronteras y la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos.

Otra de las causas en la bajada de las expulsiones puede encontrarse, dice el Gobierno, en la “negativa” de determinadas representaciones diplomáticas, embajadas o consulados a documentar a sus connacionales, o bien al “retraso sistemático” en la entrega de documentaciones, lo que conlleva la imposibilidad de la expulsión al superarse el periodo de estancia máxima previsto en los CIE.

De hecho, aporta algunos datos, como que en 2015 solo se obtuvieron los documentos requeridos a las misiones diplomáticas en un 53,57 por ciento de los solicitudes, en 2016 en un 47,83 por ciento y este año hasta agosto en un 23,08 por ciento.

El Gobierno llama la atención sobre el aumento “muy significativo” de peticiones de asilo en los CIE, justo en el momento en que se procede a comunicar a los ingresados en ellos su expulsión en cumplimiento de la orden judicial.

Y como lo hacen “in extremis”, la expulsión o devolución prevista “ya no puede materializarse” después de denegarse el asilo porque o bien ha pasado el plazo máximo de reclusión en el CIE o bien porque ya no hay posibilidad material de planificar un nuevo vuelo antes de que acabe ese plazo.

Según el Ejecutivo, además de las 770 personas ingresadas en los CIE que hicieron uso irregular de la figura del asilo el año pasado, otras 552 lo hicieron hasta septiembre de este ejercicio, lo que supone un aumento del 7,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2016.

Resalta también el Gobierno la negativa de algunos comandantes de aeronaves a llevar en sus vuelos a ciudadanos repatriados, lo que “puede deberse a la actitud violenta” de algunos en diferentes ocasiones, “lo que provocado diversas algaradas” dentro de los aviones, “factor que influye en gran medida en el pasaje”.

Además, el Ejecutivo hace hincapié en la existencia de cupos por parte de determinados países en cuanto al número de repatriados que se pueden llevar en cada vuelo" y en la falta de acuerdo en esta materia con algunos países receptores.

Ello hace imposible fletar vuelos que posibiliten la entrega de un contingente más amplio de inmigrantes, por lo que en muchas ocasiones las expulsiones se hacen en vuelos comerciales, “mermando la capacidad de repatriación a esos países”.

La respuesta incluye datos de expulsiones y devoluciones dictadas, que en el primer caso han pasado de 20.552 en 2015 a las 12.770 del año pasado y a las 6.165 de este ejercicio a fecha 31 de agosto, lo que refleja una notable disminución.

Mientras, las devoluciones se mantienen más estables, con 11.979 en 2014 y 11.828 en este año, también hasta agosto.